Presentada la reforma del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas

La reforma del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas ha sido presentada este lunes en el Aula Magna del Paraninfo en un acto que ha abierto el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón, José María Fuster, y en el que también ha participado el Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, Carmen Bayod, presidenta de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, junto a otros miembros de este órgano consultivo.

Esta reforma, llevada a cabo por la Ley 3/2024, tiene por objeto la adaptación del Código a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Supone, además, que Aragón se convierta en la primera comunidad autónoma con competencias en materia de derecho civil en interiorizar la esencia del citado tratado.

El principio inspirador de la norma es la plena capacidad jurídica de toda persona, derivada de su propia dignidad. En consecuencia, se suprimen todas las referencias a ‘incapacitación’ y a personas ‘incapacitadas’.

Esto supone que, siempre que sea posible, sean las propias personas quienes ejerzan su capacidad por sí mismas, conforme a su propia voluntad y preferencias.

La ley aboga por el principio de intervención mínima, lo que implica la potenciación de la guarda de hecho para las decisiones del día a día, facilitando su desempeño, especialmente frente a terceros, como bancos o compañías de suministros energéticos. Cuando no sean suficientes estas medidas puntuales, se podrá constituir una curatela, que puede ser de comunicación y acompañamiento, asistencial o con facultades de representación, pudiendo coexistir con otras medidas de apoyo.

De esta forma, desaparece la tutela de las personas mayores de edad, así como la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada, por resultar incompatibles con el nuevo paradigma previsto en la Convención de Nueva York.

El papel de la familia

No obstante, las personas que se hallen en una situación de requerir estas medidas, siguen contando con instrumentos que dotan a quienes los apoyan de facultades equivalentes. En esta línea, se reconoce el papel fundamental que la familia desempeña en la mayoría de estos casos, facilitándoles el ejercicio de sus funciones de apoyo.

En definitiva, la ley promueve la aplicación de un traje a medida para cada situación, dado que cada supuesto es diferente, confiando también en las decisiones que tomen los operadores jurídicos, es decir, los jueces, los fiscales, los notarios y los registradores.

En cuanto al régimen transitorio, cabe destacar que las anteriores tutelas se sustituyen por curatelas con representación mientras no se modifiquen por el juez, para no generar un escenario de inseguridad o indefensión. Por otra parte, por la misma razón, se mantienen los mandatos y medidas de apoyo previstos, siempre que sean compatibles con la nueva ley.

El director general de Desarrollo Estatutario ha subrayado en sus palabras “la encomiable labor que los miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil han realizado para hacer posible uno de los momentos gratificantes de mi andadura en la gestión pública”.

Lo ha hecho en referencia a todos los miembros de este órgano, algunos de los cuales han intervenido en el acto: David Arbués, Adolfo Calatayud, Fernando García Vicente, Aurora López, Joaquín Oria, José Antonio Serrano, así como su presidenta, Carmen Bayod, que se ha referido al anteproyecto como “una obra técnica, fruto de la reflexión jurídica y el debate entre juristas procedentes de diversos ámbitos del Derecho, que han trabajo intensamente en esta modificación” que ha requerido de 56 reuniones de varias horas.

“Nuestro derecho lo hemos conseguido mantener durante siglos, pero a la vez es un derecho vivo. En consecuencia, se hace imprescindible legislar para desarrollar, profundizar y actualizar el derecho vigente a los tiempos y a las demandas actuales de la sociedad”, ha destacado José María Fuster, que ha estado acompañado también por la directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Esperanza Puertas, así como otras autoridades del Gobierno de Aragón.

Fuster ha concluido recalcando que “nos encontramos ante una reforma del Código de Derecho Foral Aragonés de una calidad técnica indiscutible, que ha sabido combinar el cambio de paradigma recogido en la normativa internacional en materia de discapacidad, con el más profundo respeto por las instituciones tradicionales contempladas en nuestro Derecho”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha calificado de “éxito sin precedentes” esta modificación que "toma como premisa la dignidad de las personas", lo que ha subrayado como " fundamental” para entender que la capacidad jurídica es “inmodificable, aunque, por supuesto, será necesario prestar apoyos cuando la discapacidad de la persona le impida o dificulte expresar su voluntad y sus decisiones”.

Proceso de elaboración

Por acuerdo del Gobierno de Aragón de 2022, se encomendó a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil redactar un anteproyecto de ley sobre la capacidad jurídica de las personas, en su calidad de órgano consultivo del Gobierno de Aragón en materia de derecho foral.

La Comisión se ha reunido en 56 ocasiones durante casi dos años. Inició los trabajos bajo la presidencia de Jesús Delgado Echeverría, continuó con la presidencia del ex Justicia de Aragón, Fernando García Vicente y, culminó la tramitación parlamentaria con la presidencia de la catedrática de Derecho Civil aragonés, Carmen Bayod.

La Comisión hizo entrega del anteproyecto de ley al presidente de Aragón, Jorge Azcón, el 20 de diciembre de 2023. El proyecto de ley fue aprobado por el Gobierno de Aragón el 30 de enero de 2024 antes de iniciar su tramitación parlamentaria, que concluyó con su aprobación por unanimidad en el Pleno de las Cortes de Aragón del pasado 13 de junio y su entrada en vigor el 15 de julio.