El consejero Velasco resuelve en una orden la rescisión del contrato con la empresa que debía ejecutar la variante de Morés

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Javier Velasco, ha firmado una orden por la que queda rescindido el contrato de las obras de nueva infraestructura de la carretera A-1503, en el tramo de la variante de Morés, suscrito en su momento con la unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones Hurtado e Hijos y Huarte SA. (MORES UTE). La orden está basada en un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

La obra ha pasado por múltiples vicisitudes desde la firma del contrato el 9 de julio de 1998 por el entonces Departamento de Ordenación Territorial del Gobierno de Aragón por un importe, en aquellos momentos, de 394.585.000 pesetas y un plazo de ejecución de los trabajos de 18 meses. Los problemas se detectaron prácticamente desde el principio ya que la dirección de obra ya tuvo que advertir meses después de la firma del contrato sobre la importante desviación que se estaba produciendo en el comienzo de los trabajos.

Básicamente, la diferencias entre la Dirección General de Carreteras y la UTE adjudicataria de la ejecución del proyecto se centraron en la diferencia de precios en la ejecución material de algunas unidades de la obra. Llegó incluso a redactarse un proyecto modificado, con un aumento del 8,23% sobre el precio inicial, presupuesto que la UTE consideró insuficiente antes de solicitar la suspensión de las obras de forma unilateral y negarse a la firma del acta de suspensión de los trabajos.

La orden firmada por el consejero pone fin a la vía administrativa aunque contra ella podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a partir del momento de su notificación.

El texto de la orden considera varios aspectos. Recoge que se han seguido en el expediente las previsiones contenidas en la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas por parte de la administración contratante, el Gobierno de Aragón, y más concretamente en el artículo que hace referencia al proyecto modificado.

Considera la orden que "la obra está paralizada sin que se haya tomado en consideración por parte de la empresa contratista, a pesar de los requerimientos de la dirección de obra" y que "las actuaciones de la empresa se encuentran dentro de las previsiones que establece la Ley como causa de resolución de contrato por demora en el cumplimiento de los plazos".

Recoge también la orden que se ha procedido por parte de la administración contratante a la comprobación, medición y liquidación de las obras, condiciones que no fueron aceptadas por la empresa. Indica asimismo que "las alegaciones presentadas por la empresa no justifican en modo algunos su actitud de paralizar la obra, sino más bien su intención premeditada de no seguir con los trabajos a pesar del compromiso adquirido mediante el contrato suscrito".

Además de la rescisión del contrato, la orden resuelve la incautación de la fianza además de una indemnización al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por los daños y perjuicios que supone la actualización de precios en el futuro concurso que se convoque para la terminación.

El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, José Luis Abad, indicó que "la intención del Departamento, una vez resuelto el contrato es licitar de nuevo la obra para terminar los trabajos, intención que haremos efectiva lo antes posible, una vez que contemos con cobertura presupuestaria. El nuevo proyecto deberá solventar el segundo acceso al núcleo urbano de Morés".