Salud Pública
El Gobierno de Aragón defiende la idoneidad de la Ley de Ordenación del Territorio reformada y el ejercicio de sus competencias
El vicepresidente, José Ángel Biel, afirma que el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Ministerio para las Administraciones Públicas pretende justificar la decisión política de no dejar que las autonomías ejerzan sus competencias y la ejecuci
El Gobierno de Aragón defiende la idoneidad de la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio aprobada en el Parlamento regional el pasado mes de febrero y acusa al Gobierno central de impedir que la Comunidad Autónoma, en el desarrollo de sus competencias exclusivas en materia de Ordenación del Territorio, pueda ejercer algún tipo de actuación en lo relativo al trasvase de aguas del Ebro. El vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha rechazado así el acuerdo alcanzado hoy en Consejo de Ministros, según el cual se recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley aragonesa de Reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, en la que se propone la creación del Consejo de Ordenación Territorial de Aragón.
José Ángel Biel ha afirmado que conoció hace un mes la intención del Ministerio para las Administraciones Públicas de interponer ese recurso, medida que, a juicio del vicepresidente del Gobierno de Aragón, "pretende justificar esa decisión política de impedir que las comunidades autónomas ejerzan plenamente sus competencias en materia de Ordenación del Territorio para, entre otras cosas, hacer posible la ejecución del trasvase del Ebro sin trabas".
El vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales ha insistido en que el Gobierno de Aragón defenderá su capacidad de autogobierno y los intereses de los aragoneses, reflejados en normas como la aprobada por el Parlamento en febrero pasado.
La Ley de Ordenación del Territorio, reformada mediante proyecto de ley a propuesta del Gobierno de Aragón, propone, entre otras cuestiones, que el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma deban someterse antes de su aprobación al informe preceptivo del Consejo de Ordenación Territorial de Aragón, de acuerdo con las competencias en esta materia recogidas en el Estatuto de Autonomía y con la propia Ley de Aguas.