COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GONZALO ARGUILE, EN LAS CORTESDE ARAGON
Sr. Presidente, Señorías:
Agradezco que con tanta rapidez se le haya dado trámite a esta comparecencia, que como ustedes saben se produce a petición propia ante esta Comisión, marco adecuado y solemne de la representación democrática del pueblo aragonés, para tratar los asuntos agrarios que afectan, sobre todo, a los aragoneses y aragonesas que viven y trabajan en el medio rural.
Es evidente que un mes y veinticuatro días al frente de un Departamento como es el de Agricultura, no es tiempo suficiente, para realizar un diagnóstico preciso de la situación del Departamento y del campo aragonés y al mismo tiempo apuntar, de manera exacta, las soluciones a los problemas que se puedan detectar. De manera que, aún a riesgo de no colmar las supuestas expectativas que ustedes se hayan forjado, he preferido dar prioridad a la atención que me merecen estas Cortes, al rigor de la comparecencia.
Aun así, voy a intentar explicarles de manera genérica, a riesgo de tener que rectificar en el futuro inmediato, las orientaciones políticas del Departamento de Agricultura que a su vez serán las del Gobierno de coalición.
He querido precipitar un poco esta comparecencia ante ustedes, porque el ejecutivo, como bien saben los que han pasado por él, se ve a diario presionado por la opinión pública y por los medios para definirse en asuntos concretos, y a veces, y sin darnos demasiada cuenta, mediante declaraciones públicas vamos conformando un programa de gobierno. Bien, pues antes de que avancemos más en tal dirección, y convencido de que deben ser sus señorías los primeros en conocer de forma global y formal las propuestas del Departamento de Agricultura, he pretendido, cuando hice la solicitud de la comparecencia, que ustedes fuesen los primeros en estar informados y aquí estoy para hacerlo y a su disposición.
El haber sido parlamentario durante más de 13 años en las Cortes Generales, les aseguro que ayuda a un político a distinguir y apreciar dónde radican y se localizan los valores democráticos de un país como el nuestro. Es obvio, que con la pluralidad que refleja esta Cámara, en ustedes han delegado los aragoneses para que los representen. Ustedes tienen una encomienda excepcional, como es, la de legislar para dotarnos los aragoneses de un marco legal. Pero también tienen una misión no menos importante, ¿cuál es?, El control del ejecutivo. El que les habla, les anuncia que reconoce el sometimiento del ejecutivo ante el legislativo. Ello no será óbice, para que a veces en el fragor del debate se produzcan discusiones apasionadas y espero que también apasionantes.
Por tanto, les presento mis respetos, y de antemano me ofrezco, como no puede ser de otra forma, para darles cuenta de la política de mi Departamento cuantas veces lo requieran sus señorías.
También pongo a su disposición cada una de las Direcciones Generales, para lo que ustedes convengan.
Una vez hecha esta obligada introducción, por ser la primera, les quiero informar y poner en antecedentes que al llegar al Departamento nos hemos encontrado con problemas no previstos y que hemos tenido que abordar.
El primero de ellos, en el orden de importancia, ha sido la paralización de las obras de regadíos de Monegros II, sectores VIII y IX por cuestiones medioambientales. El plazo dado por la U.E. para resolver la queja, finalizaba el 14 de Septiembre. Saben ustedes que lo que hemos hecho es informar a la sociedad y a las partes afectadas al tiempo que tramitábamos una moratoria de tres meses, al objeto de tener tiempo para ofrecer una alternativa admisible por la Dirección General XI de medio ambiente en Bruselas. Señorías, este es un asunto que es de suma gravedad y que, a mi juicio, no se ha tenido acierto en la estrategia llevada a cabo hasta ahora. Los informes elaborados por encargo del Ministerio de Agricultura y del de Medio Ambiente, una vez conocidos por la C.A. se deberían haber contrastado con rigor científico con otras fuentes, antes de enviarlos a Bruselas con las propuestas de ZEPA. En este momento ya no hay tiempo para contrastar estudios que la propia administración ha enviado como suyos a Bruselas. Hemos de resolver el problema desde el diálogo, el debate y el respeto a la biodiversidad, que la propia Administración ha dado fe que existe en Monegros, así como desde el respeto más escrupuloso a los habitantes de Monegros y a las instituciones europeas.
Otro asunto que hemos tenido que atender es el relativo a las tormentas. Este año ha sido francamente negativo en este aspecto. Desde el Departamento y al más alto nivel hemos atendido a todo aquel que ha solicitado entrevistas. A todos ellos les he hablado con la claridad que les hablo a ustedes, aunque les aseguro que, ante los afectados por las tormentas tuve más dificultad para transmitirles la firme voluntad del Departamento en la política sobre riesgos climatológicos, que los que voy a tener ante ustedes.
Señorías, el Departamento de Agricultura no atenderá con subvenciones ninguna cosecha que pueda ser asegurada. Hacer lo contrario sería torpedear el sistema del Seguro Agrario en su línea de flotación.
Sin embargo, sí estamos atendiendo mediante el convenio con la empresa TRAGSA los daños en infraestructuras comunes, como acequias, cauces y caminos. Es una actuación que queremos mejorar en próximas ocasiones coordinando nuestras acciones con las que realizan las Diputaciones Provinciales. No cabe duda que es una actividad mejorable.
También a través del Decreto 32 llevaremos a cabo reparaciones de infraestructuras de riegos y por medio del Real Decreto 204/89 de Modernización de Explotaciones atenderemos los daños en fincas privadas, tanto en lo que se refiere a estructuras como lo que tiene que ver con plantaciones de leñosos.
Por último y atendiendo peticiones de los afectados, planteamos en la Conferencia Sectorial que los titulares de explotaciones que habían sufrido los efectos del pedrisco, fuesen beneficiarios de medidas fiscales. Así pues, se aceptó que se ajustaran a la baja los módulos fiscales de las empresas que sus cosechas habían sido afectadas por pedrisco.
Nuestra sensibilidad reflejada en pesetas hubiese sido mayor, señorías, si los presupuestos del Departamento hubiesen gozado de un mejor estado de salud crematística. Este es el tercer y último aspecto problemático que nos hemos encontrado en el Departamento. Nuestra austeridad viene forzada porque no se debería, es mi percepción apresurada, haber intentado desplegar una acción política expansiva, tanto en el gasto corriente como en ciertas inversiones, al tiempo que se modificaban a la baja los presupuestos en un 5%.
En fin, no me quejo, lo pongo de manifiesto y lo asumo, pero señorías obedecer directrices estatales de reducción de la deuda y del déficit en el Estado a costes de un déficit encubierto en la C.A. no me parece correcto. Pero de esto ya discutiremos en los Presupuestos de la C.A. cuando llegue el momento.
Una vez hechas estas consideraciones les quiero informar de la nueva estructura del Departamento, que por un lado obedece a la separación del mismo de las Direcciones Generales de Medio-Ambiente y Medio Natural y por otra parte a un mejor equilibrio de las Direcciones Generales restantes con el mínimo coste y queriendo dar mayor relevancia a la industrialización y la comercialización, así como racionalizando las competencias de la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Producción, asumiendo el pago de ayudas a herbáceos, que estaba ubicado en el órgano horizontal.
Se trata, señorías, como ven de unos cambios mínimos que permitan mayor eficiencia para llevar adelante los objetivos prioritarios de política agraria que voy a exponerles.
La politica agraria que pretendo desarrollar desde mi Departamento va a ser consensuada, en lo posible, con los agentes sociales y económicos del sector. Me estoy refiriendo a las Organizaciones Profesionales Agrarias, a las Cooperativas y su Federación Aragonesa, al sector industrial agroalimentario, a las Comunidades de Regantes, Asociaciones, etc. En definitiva, todos aquellos agentes que intervienen en los procesos.
Para la interlocución en asuntos de política agraria general, se respetará escrupulosamente el resultado obtenido en el proceso electoral a Cámaras Agrarias Provinciales celebrado en abril de 1987 y dentro de un año y medio se celebrarán nuevas elecciones a Cámaras Agrarias que, de nuevo, medirán la representatividad de cada candidatura. En el tiempo que llevo en el departamento he recibido a diversos interlocutores, con asuntos de carácter general, como prueba de mi voluntad de puertas abiertas a todo el mundo, aunque, como norma para el futuro, la interlocución formal y la negociación se llevará a cabo, como queda dicho, a través de las OPAs.
Para los asuntos de cada subsector está previsto el funcionamiento de Mesas sectoriales para recoger las sugerencias de los protagonistas y transmitir la información y decisiones del Departamento.
En esta misma línea de colaboración y diálogo, vamos a actuar coordinadamente con las demás Administraciones Públicas implicadas en aquellos asuntos de interés comun.
La Agenda 2000 plantea a la agricultura aragonesa nuevos retos para la competividad de nuestras producciones. En mi opinión, las ayudas que se reciben de la Unión Europea como pagos compensatorios por la liberalización de los mercados internacionales, siendo muy importantes para el mantenimiento de las rentas, no van a ser suficientes por sí mismas, para mantener un tejido social suficiente en nuestro territorio.
De todas maneras, la gestión con agilidad y eficacia de las ayudas directas que gestiona el Departamento es un tema vital para el sector productivo.
El Departamento de Agricultura se constituyó en 1996 en Organismo Pagador de las ayudas con cargo al FEOGA-Garantía y su funcionamiento ha sido muy positivo. Gestionar una cantidad que en el año 2000 se espera que supere los 70.000 millones de pesetas, requiere una buena organización y agilidad administrativa.
Por otra parte, se trata de gestionar un volumen de más 51.000 expedientes en esta campaña de 1999, que pasarán a ser unos 63.000, una vez que se terminen de presentar las declaraciones del olivar, que contemplan más de veinte líneas distintas de ayuda.
Aún siendo satisfactorio el funcionamiento, hemos tomado ya algunas decisiones organizativas para mejorar algunos aspectos, concentrando en una Dirección General todas las ayudas similares, para una gestión integrada, un mayor control y un mejor análisis de nuestras necesidades.
El procedimiento utilizado hasta ahora, de implicar en la gestión de estas solicitudes a todos los agentes sociales que actúan en las Comarcas (Organizaciones Agrarias, Entidades Financieras, Cooperativas, etc. que suponen en total 150 entidades colaboradoras, con 950 puestos de recepción) se ha mostrado muy eficaz y permite digerir este gran volumen de solicitudes con la agilidad necesaria.
Una gestión segura y eficaz de las ayudas a las rentas de los productores, que garantice la percepción de las mismas con suficiente agilidad y garantías, es una de mis prioridades.
Los objetivos del Organismo Pagador para los próximos años van a ser siguientes:
Otro aspecto muy de actualidad en este momento, en relación con las ayudas comunitarias a las explotaciones agrarias, es el de la posible modulación de las mismas.
Es este un asunto de carácter político aunque, logicamente, estará sujeto al marco jurídico que establece la normativa comunitaria.
En mi opinión, toda acción política que se lleve a cabo sobre este asunto, debe proteger la cohesión y el derecho territorial e individual de las ayudas. Sería conveniente, por lo tanto, que la iniciativa de cualquier Comunidad Autónoma, en este campo, fuese adoptada como propia en la Conferencia Sectorial.
Entiendo que, en lugar de establecer una norma específica para abordar este asunto, es preferible contemplar esta iniciativa en el marco de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, marco jurídico en el que se contemplan de manera precisa los conceptos de agricultor y de explotación susceptible de ser protegida y ayudada.
No obstante, cuando abordemos asunto tan complejo, deberemos procurar que nadie gane dividiendo su explotación y que nadie pierda competitividad al aumentar el tamaño de la misma.
De todas formas, quiero precisar que los fondos liberados deben orientarse a la compensación de rentas en zonas desfavorecidas y medidas de acompañamiento, dentro de la propia Comunidad Autónoma.
Por otra parte, en mi opinión, los fondos rescatados por la modulación deberían constituir un incremento neto en la participación porcentual de la Unión Europea en las ayudas a las políticas mencionadas.
En este contexto de las ayudas directas, un aspecto de notable importancia es la disponibilidad, por parte de nuestro sector, de los cupos, cuotas o derechos suficientes que minimicen el impacto de posibles penalizaciones en las rentas agrarias.
Baste recordar que la disminución de los rendimientos de regadío, decidida unilateralmente por el Ministerio de Loyola de Palacios en marzo de 1997, supuso una pérdida de más de 2.000 millones de pesetas anuales, para el campo aragonés.
Hace unos días tuve ocasión de asistir en Mérida a mi primera Conferencia Sectorial donde se debía debatir la distribución de cuota láctea y derechos de plantación de viñedo entre las distintas Comunidades Autónomas que el MAPA va a efectuar en breve.
La defensa, pues, de los intereses del sector agrario aragonés en la distribución nacional de esos y otros derechos, cuotas o límites, constituye uno de los principales objetivos del Departamento porque afectan de manera directa a las rentas de nuestros empresarios.
En el ámbito de la producción ganadera, será preciso avanzar con el sector en los criterios de ordenación futura, teniendo en cuenta los factores productivos, sanitarios y medioambientales.
Dentro de la creciente sensibilidad social por la seguridad alimentaria y en relación con la salud, la sanidad agraria representa el eslabón básico de cualquier producto agroalimentario.
Por ello, cobran especial importancia todos aquellos programas dirigidos a la mejora de la sanidad de nuestras producciones agrícolas y ganaderas, al control de la utilización de productos fitosanitarios y de la alimentación del ganado (Plan Nacional de Investigación de Residuos) y a la mejora de la calidad de los mismos (leche, carne).
Las campañas de saneamiento ganadero deben intensificarse en los próximos años, con el objetivo de alcanzar un adecuado estado sanitario en nuestra cabaña ganadera, ya que además de su repercusión en la salud humana (por ej. la brucelosis) y en los rendimientos productivos de las explotaciones, juegan cada día un mayor protagonismo como auténticas barreras comunitarias en las relaciones comerciales.
La carencia aún en nuestra Comunidad Autónoma de una Ley de Protección Animal, no parece una situación que deba prolongarse más. Por ello, el Departamento presentará un Proyecto de Ley sobre esta materia una vez que se haya debatido el borrador con las organizaciones, asociaciones y entidades interesadas.
En cuanto a la política de Seguros Agrarios que pretendo desarrollar en mi Departamento, supongo que conocen mi postura que he reiterado durante estos primeros días, analizando las consecuencias de las tormentas registradas en Aragón.
El esfuerzo presupuestario que viene realizando el Departamento para complementar las subvenciones de ENESA al coste de las primas, se eleva a unos 800 millones anuales. Para los Agricultores a Título Principal (ATPs) la subvención puede llegar al 65 % del coste de esa prima.
El resultado de esta política es que nuestro grado de aseguramiento es muy elevado, en comparación con otras Comunidades Autónomas.
Me propongo continuar con esta política, que es compatible con medidas especiales para atender la reparación de infraestructuras dañadas en situaciones extraordinarias.
Para los daños en infraestructuras privadas de las explotaciones, se concederá carácter prioritario a ayudas a las inversiones para este fin (R.D. 204/89).
Asimismo, para la reparación de los daños en infraestructuras comunes, continuaremos, como hemos hecho este verano, actuando coordinadamente, nuestro Departamento, a través de TRAGSA, y las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.
Políticamente, vamos a apoyar el establecimiento, a nivel nacional, de un seguro de renta o de explotación, tanto frente a riesgos naturales como del propio mercado.
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Aragón cuenta con un gran plantel de investigadores agrarios cuya profesionalidad es reconocida dentro y fuera de España.
Vamos a potenciar sus trabajos y las colaboraciones entre ellos especialmente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (con el que compartimos el Campus de Aula Dei) y con la Universidad, ampliando las actuales líneas de colaboración a la elaboración de Proyectos de investigación comunes tanto nacionales como europeos.
La labor de los diversos Centros Técnicos (de Semillas y Plantas de Vivero, de Protección Vegetal, de Selección y Reproducción Animal, de Tecnología Agroalimentaria y Laboratorio Agroambiental) van a continuar su actual línea potenciando especialmente los convenios con las propias asociaciones o entidades de mejora técnica de los diferentes subsectores.
Somos conscientes, porque así nos lo ha hecho llegar el sector y se desprende de la Agenda 2000 de la necesidad de potenciar nuevas líneas de investigación relacionadas con las medidas agroambientales y con la transformación agroindustrial de nuestros productos agrícolas y ganaderos.
En cuanto a la trasferencia de los resultados de la cadena de I+D al sector agrario y agroindustrial, que actualmente no es todo lo eficiente que deseamos, vamos a mejorarla, tanto a través de las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs), como a través las Cooperativas y Organizaciones Agrarias.
No debemos olvidar que del I+D actual depende tanto la resolución de problemas urgentes del sector como sobre todo la adaptación a un futuro tan complejo y difícil como el que prevé la Agenda 2000 para después del año 2007.
Para afrontar este futuro el instrumento principal son las personas del sector y su formación continua es imprescindible.
Digámoslo claramente, se está dedicando mucho dinero a la formación, incluída la agraria, pero el protagonismo del Departamento en algunos aspectos de esta formación agraria ha disminuido mucho en los últimos años.
Se ha dado al sector el protagonismo en la organización de los cursos y jornadas pero se ha abdicado de la obligación de la Administración de marcar las líneas, de tal forma que las múltiples actuaciones busquen objetivos comunes y estén coordinados para su consecución. Esta planificación plurianual y diferenciada según las diferentes agriculturas y ganaderías de nuestra autonomía y según las personas a que se dirige se realizará dé acuerdo con el sector y con su participación así como la de los empresarios agroalimentarios.
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRARIA
De todas maneras, como muy bien saben sus señorías, uno de los principales objetivos de la política agraria en Aragón en vísperas del siglo XXI, sigue siendo:
No debemos olvidar que la evolución de la Industria Agroalimentaria aragonesa en los últimos años, la ha posicionado como el segundo sector industrial más importante en la Comunidad Autónoma tras el del material de transporte. La importancia no sólo económica, sino social y estratégica la convierte en pieza clave de vertebración no sólo del territorio sino también del sector productor.
Vamos pues, entre todos, a apoyar decididamente al sector agroalimentario aragonés, porque tenemos que lograr que todas, o la mayoría, de las materias primas producidas por la Comunidad Autónoma se transformen y comercialicen en ésta, y así consolidar las explotaciones productivas e incrementar sus valores añadidos.
Se trata, en definitiva, de pasar de producir materias primas a producir alimentos.
Pero en este paso es imprescindible la incorporación del sector productor, tanto en la transformación como en la comercialización, porque ello redundará en beneficio de la calidad de los alimentos y permitirá una distribución más justa de las rentas generadas.
Por todo lo anterior, apoyaremos a todas las industrias agroalimentarias que surjan o que se instalen en nuestra Comunidad, pero especialmente aquellas que garanticen de una u otra forma lo descrito anteriormente.
A este respecto quiero destacar que la legislatura comienza en un momento importante para el sector, pues se inician los trabajos de programación del próximo periodo 2000-2006 que van a condicionar las ayudas susceptibles de recibir por parte de la Industria Agroalimentaria aragonesa, al tener que enmarcarlas dentro de los nuevos Reglamentos sobre Fondos Estructurales.
En todo este proceso el instrumento adecuado para que el sector productor participe son sus cooperativas. No debemos olvidar que el 30,3 % de la Producción Agraria Aragonesa, unos 85.000 millones de pesetas anuales es facturado por las distintas cooperativas que funcionan en Aragón. El arraigo de las Cooperativas a nivel local, y su importancia en la comercialización, transformación primaria y la compra de suministros son una característica de esta Comunidad Autónoma. Pero su modernización exige que apoyemos decididamente a un coperativismo con mentalidad empresarial y gestión transparente, ágil y eficaz, tal como se concluyó en el Congreso de cooperativas en noviembre del año pasado que organizó la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias (FACA).
Aprovecho que la cito para manifestar que esta organización va a ser nuestro principal interlocutor en el ámbito cooperativo.
Por supuesto vamos a seguir alentando los procesos de reestructuración cooperativa que van surgiendo, como el acuerdo de fusión firmado la pasada semana entre dos importantes cooperativas del sector ovino, y ello porque con la actual evolución de los mercados y del sector de la distribución, la reestructuración es imprescindible.
Por último en este apartado quiero destacar que si hay una puerta que nos puede abrir un hueco en el mercado, ésta es la de la calidad, que potenciaremos en colaboración permanente con los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, las marcas específicas, la "C" de calidad, la agricultura ecológica, etc.
Si bien todas las actuaciones del Departamento tienen como objetivo y están relacionadas con el desarrollo rural, la política de estructuras presenta una interdependencia máxima con ese desarrollo.
En ese contexto pretendemos llevar a cabo una política agraria que tenga tres objetivos equilibradores:
Que contribuya al equilibrio territorial mediante la consolidación de explotaciones agrarias viables.
Que contribuya al equilibrio medioambiental compatibilizando al máximo la actividad agraria con las exigencias medioambientales.
Que contribuya al equilibrio de las rentas mediante la discriminación positiva del agricutor a título principal y de las explotaciones prioritarias.
El apoyo a Agricultores Jóvenes que quieren instalarse y a las inversiones en modernización son dos líneas que vienen funcionando adecuadamente y que pretendemos seguir apoyando con el respaldo financiero que se precise, con exclusividad para el agricultor a título principal y con un mayor apoyo a explotaciones en zonas desfavorecidas y de montaña.
De las llamadas medidas de acompañamiento PAC, el cese anticipado, ha tenido una acogida, más bien pequeña con escasa repercusión en el rejuvenecimiento de la Población Activa Agraria. Proyecto darle mayor difusión, si bien las condiciones de cesión de la explotación suponen un obstáculo sociológico a su aceptación por los posibles interesados.
También discreta ha sido la repercusión de la forestación de tierras agrarias, restringida por limitaciones presupuestarias a los ATP. Es mi intención impulsar decididamente esta línea de actuación como una alternativa más de diversificación.
Las medidas agroambientales tienen por objeto ayudar la compatibilización entre la actividad agraria y el medio ambiente. Se trata en realidad de un conjunto de líneas de ayudas, unas de aplicación en todo el territorio (llamadas horizontales) y otras, de aplicación en zonas delimitadas. Nuestro proyecto pasa por centrarnos más en aquellas zonas que, por su gran riqueza medioambiental demandan figuras de protección que llevan implícita la adopción de determinadas prácticas agrícolas, cuyo fomento queremos apoyar lo más generosamente posible.
La Concentración Parcelaria sigue uno de los puntales básicos en la mejora de estructuras. En la actualidad hay 42 municipios en una u otra fase de concentración, más otros siete con solicitud formal de la misma. Ingente tarea para un nivel de inversión como el que se viene dedicando los últimos años a esta medida. Por ello, y aunque somos conscientes de que no puede incrementarse tanto como sería necesario, sí que pensamos aumentar su presupuesto centrando la inversión en cerrar los numerosos expedientes abiertos y priorizar en los demás casos aquellos que acompañan a procesos de trasformación o modernización de regadíos.
Abordo ahora la cuestión de la política de regadíos, a la que la sociedad aragonesa, esta Cámara y el Gobierno de Aragón presentan tanta sensibilidad.
La política de regadíos la concebimos como un instrumento de la política de desarrollo rural. En este sentido, vemos el regadío como un factor necesario e irrenunciable en diversas zonas de Aragón para cumplir los objetivos de la política rural contenidos en la Agenda 2000 y en la actual PAC, como la mejora de la calidad en las producciones, la diversificación de las actividades, el mantenimiento de un tejido social, etc.
En este punto, quiero reiterar la postura de mi Departamento y del Gobierno de Aragón, de compatibilizar al máximo las actuaciones en materia de regadíos con la defensa de los abundantes y peculiares ecosistemas en los que es rico nuestro territorio. Pero esa defensa pasa por evitar el abandono de la actividad agraria y mantener la presencia humana, con las que a lo largo de los tiempos se han configurado precisamente esos ecosistemas.
En la actualidad estamos en un proceso de discusión y análisis del Plan Nacional de Regadíos presentado por el Gobierno Central. Estamos de acuerdo en los principios y filosofía, que ya inspiraron el Plan Nacional de Regadíos elaborado en 1995 por el Gobierno Socialista.
En cifras de superficie a actuar, todavía en proceso de discusión, tenemos aún diferencias pero es nuestra voluntad llegar a acuerdos. En todo caso, lo anuncio ya en esta Cámara, requerirán un aumento importante presupuestario.
En ese contexto y en el corto espacio de tiempo que supone una legislatura, aspiramos a:
En este apartado también pretendemos implicar al MAPA a través de convenios y, si llegamos a un acuerdo, mediante las Sociedades Anónimas Estatales siempre que éstas no entrañen intromisión en las competencias que corresponden al Gobierno de Aragón.
En cuanto al Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) queremos señalar que su planteamiento individualista no nos gusta. Mantendremos los compromisos adquiridos, pero estudiaremos su evolución hacia planteamientos más colectivos y con condiciones de financiación más similares a otras líneas de ayuda para la transformación y adecuación del regadío.
Toda la política de estructuras la concebimos inmersa en una política de desarrollo rural, tanto en sentido amplio como en el descrito en la filosofía de la Agenda 2000. Lo decimos por convicción pero también por exigencias de cofinanciación.
La participación de nuestra Comunidad Autónoma en los Fondos Europeos acorde con las peculiaridades del territorio aragonés, nuestro medio rural y sector agroalimentario, constituye un objetivo de primer orden como mecanismo de financiación de la modernización de las estructuras productivas y comerciales agroalimentarias para mejorar nuestra situación competitiva en unos mercados cada día más complejos y globalizados.
La adaptación a esas reformas, que ya fueron anunciadas por la Agencia 2000 nos obliga a:
En cuanto a la iniciativa LEADER, cuya segunda fase concluye el presente año 1999, ha demostrado su gran capacidad de contribuir a revitalizar diversas zonas rurales -13 en territorio aragonés-, creando nuevas actividades y experiencias. En el momento actual estamos a la espera de que la Unión Europea precise las características de la tercera fase, denominada LEADER PLUS, para comenzar a estudiar su adaptación y futura programación en nuestra Comunidad Autónoma.
Aún sin esa concreción sabemos que se tiene en proyecto reducir el número de grupos LEADER para que su acción sea más intensa e innovadora, lo que puede implicar que algunas zonas de Aragón queden sin ese instrumento de desarrollo local. Es por ello que pensamos fomentar programas de desarrollo denominados PRODER para aquellas zonas que no sean objeto del LEADER PLUS y para otras áreas rurales, en donde existan iniciativas promovidas por Grupos de Acción Local.
Finalmente y para acabar con el tema de estructuras quería hacer una referencia, ligada a uno de los objetivos que señalaba al principio: el equilibrio territorial. No descubro nada nuevo al decir que de las tres provincias que conforman el territorio de Aragón, Teruel es la que presenta peores indicadores de desarrollo económico en general, y de desarrollo rural en concreto. Sensible a esta cuestión, pretendo establecer ciertas prioridades e incrementar la inversión en actuaciones del Departamento en esa provincia.