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Patrimonio y Organización

El teletrabajo, opción para 219 funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón propicia esta opción en todas las sedes judiciales

Hasta hoy, 219 funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón se han acogido voluntariamente a la implantación del sistema de teletrabajo, una de las alternativas para cumplir con la jornada laboral para los funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón, una medida que permite trabajar desde sus domicilios con flexibilidad de horarios.

A fecha de hoy el número de solicitudes es de 272 ya que para acogerse a esta modalidad hay que solicitar el alta en la nueva plataforma de teletrabajo a través del Servicio de Tecnología de la Información de Justicia para completar posteriormente los detalles técnicos. Una vez solicitada la opción del teletrabajo, el solicitante recibe un correo electrónico y una llamada telefónica de los técnicos con los manuales necesarios para instalar el software y realizar la conexión.

El reparto de funcionarios que teletrabajan en estos momentos en la Comunidad Autónoma es el siguiente: Tribunal Superior de Justicia de Aragón (4); Huesca (19), Barbastro (7), Boltaña (1), Fraga (3),Monzón (2), Teruel (11), Alcañiz (4), Zaragoza (143), La Almunia (3), Calatayud (9), Caspe (4), y Ejea (9)

La nueva plataforma para poder teletrabajar, habilitada por la Dirección General de Justicia y la empresa pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), se basa en una conexión por escritorio remoto desde un ordenador en el domicilio al que se utiliza habitualmente en el lugar de trabajo, con lo cual pueden realizarse las mismas tareas que las completadas en el puesto laboral habitual.

Cada uno de los trabajadores y trabajadoras que han optado por este sistema han recibido igualmente una guía para poder trabajar de la forma más saludable.

La participación en este programa tiene una duración de 15 días naturales prorrogables por tres veces consecutivas que debe autorizar la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón tras conocer y evaluar los informes elaborados por los responsables de las Oficinas Judiciales y/o fiscales en torno a las incidencias surgidas y la utilidad resultante de esta nueva modalidad de trabajo en relación con el ritmo habitual de cada una de las instancias judiciales.

Por otra parte, una comisión mixta formada por representantes de la Administración y las organizaciones sindicales evalúa cada 15 días los resultados de esta experiencia una vez que han recibido los resultados estadísticos del teletrabajo.

La prestación del servicio se basa, igualmente, en maximizar las condiciones de seguridad por la sensibilidad de los datos a tratar. Los funcionarios, debidamente autenticados, acceden a gestionar los escritos presentados y las demandas, como si estuvieran en su puesto de forma presencial, en el sistema de gestión procesal Avantius y con acceso igualmente al resto de aplicaciones necesarias para avanzar y completar estas gestiones.

Jueces, fiscales y letrados

Por otra parte, el hecho de que, poco después de la declaración del estado de alarma, 128 magistrados-jueces, 62 fiscales y 93 letrados de la Administración de Justicia (LAJ) cuenten con un ordenador portátil, facilitado por la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, para trabajar desde sus domicilios ha propiciado que en este tiempo de confinamiento se hayan dictado sentencias, decretos, autos y todo tipo de resoluciones, de forma que la recuperación del ritmo normal o la puesta al día será mucho más fácil de alcanzar. Esta distribución de ordenadores portátiles supone el 100% de las solicitudes recibidas en la Dirección General de Justicia.

Además, en este tramo de confinamiento, los letrados de Administración de Justicia han controlado la entrada de asuntos y escritos en los juzgados y, por otra parte, el Decanato de Zaragoza siguió repartiendo las demandas urgentes presentadas y desde el pasado día 15 de abril, fecha en la que se abrió la posibilidad de presentar escritos y demandas a los profesionales.  Todos los decanatos de Aragón han repartido, por tanto, la entrada de asuntos que, por tanto, ya están en situación de trámite.