Lambán invoca el pacto para aprovechar todas las potencialidades y consolidar en Aragón proyectos estructurales que nos sitúen en la vanguardia de la economía nacional e internacional

La comunicación del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, con motivo de la celebración del debate general sobre el estado de la Comunidad Autónoma, que se celebrará la próxima semana en las Cortes de Aragón, vuelve a invocar la necesidad de sumar el máximo posible de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos de 2022, esto es, apelando también a los grupos de la oposición a ser corresponsables de los acuerdos “en pos de la estabilidad y el progreso económico en nuestra tierra”. A su juicio, ese clima de pacto que ya se ha alcanzado en ocasiones anteriores, propicia un caldo de cultivo “adecuado” para poder aprovechar todas las potencialidades de la comunidad y para que se puedan consolidar en Aragón proyectos estructurales “que nos sitúen en la vanguardia de la economía nacional e incluso en el panorama económico internacional, atrayendo también nuevas iniciativas que pueden generarse y desarrollarse en esas condiciones favorables”.

El documento remitido hoy a las Cortes comienza reconociendo la incidencia de la pandemia en estos dos años, “un reto formidable, de dimensiones prácticamente desconocidas en la época contemporánea, apabullante e insuperable en otros momentos históricos”, al que la sociedad aragonesa ha hecho frente desde la colaboración, “con la crítica y la autocrítica cuando ha sido necesario, con transparencia y con debate, implicándonos tanto los gobiernos y administraciones de todos los niveles”.

Tras repasar distintas etapas, el presidente Lambán recuerda los nuevos picos epidémicos y rebrotes desde octubre del año pasado “que nos condujeron a un segundo estado de alarma en todo el país, con características distintas y añadidas al que ya habíamos vivido durante toda la primavera negra del 2020”. En esta ocasión, sin haber fortalecido la deficiente legislación nacional en materia de salud pública y las herramientas en manos de las CCAA, se articularon mecanismos “complejos” para hacer frente a la crisis bajo el paraguas de la cogobernanza.

En ese contexto se dictaron entre junio de 2020 y mayo de 2021 un total de 23 Decretos del Presidente del Gobierno de Aragón, actuando como autoridad delegada del Gobierno de España a los efectos del estado de alarma, para adoptar medidas como los conocidos cierres perimetrales y la limitación de la movilidad en horario nocturno que, según Lambán, más allá de los debates suscitados, resultaron un medio “idóneo” para limitar y contener el avance de la pandemia, junto con una adaptación de las medidas a las cambiantes circunstancias de cada momento.

Todas las actuaciones adoptadas se vieron enmarcadas y potenciadas por lo que Lambán define como “un gran acierto” de las Cortes de Aragón: la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, que fue respaldada por una amplia mayoría de las fuerzas parlamentarias. El presidente aragonés afirma que se trata de una norma “pionera”, que fue posteriormente emulada en otros territorios, que acometió el desarrollo de las competencias propias en materia de sanidad y de salud pública, dentro del esquema del reparto competencial entre Estado y CCAA, dando un respaldo legal sólido a la actuación del Gobierno y de la autoridad sanitaria.

En todo este contexto, la acción de gobierno, condicionada por la pandemia, no ha dejado de cumplir los acuerdos programáticos alcanzados por los cuatro partidos que sustentan el gobierno cuatripartito, plasmado luego en un Plan de Gobierno para la X Legislatura, sujeto al portal de Transparencia y que situaba el nivel de cumplimiento, a principio del verano y pendiente de una posterior actualización, en una media superior al 50%, alcanzando en algunos de ellos cifras por encima del 60%, sobre todo en lo relativo a la agenda social.

Además de las medidas surgidas del acuerdo transversal que posibilitó un Gobierno “instalado en la centralidad y en la moderación, aunque compatible con un ambicioso programa de políticas y de reformas progresistas”, Lambán recuerda otro éxito colectivo, como el alumbrado con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, que contó con apoyos de casi todos los grupos parlamentarios (excepto Vox), los agentes sociales y el mundo local, “cuyos efectos han sido tan benéficos y bien visibles a lo largo de este año que recientemente he comenzado las conversaciones con todos los agentes implicados para intentar llevar a cabo una actualización de la misma”, argumenta. Para confirmar estos juicios, aporta también en la comunicación el índice global de cumplimiento de la Estrategia, cifrado en un 93 %, y situándose entre el 90 y el 100 % en la inmensa mayoría de los 36 bloques en los que se estructuraban las medidas.

Entrando ya en materia presupuestaria, comienza poniendo en valor su presentación en Cortes nuevamente en tiempo y forma, que permitirá poner a trabajar desde el primer día del año 2022 todos los recursos financieros disponibles al servicio de la recuperación y de los objetivos de política social y económica. El techo de gasto calculado con el que se trabaja para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma (superior, por segundo año consecutivo, a los seis mil millones de euros), vuelve a tener, como el anterior, “un cierto carácter atípico y resulta poco comparable con la serie histórica”, reconoce el presidente, ya que cuenta con la aportación de recursos extraordinarios que suponen los fondos React-EU y MRR (que sumarán casi 300 millones de euros). Con este montante se trata de reforzar la generación de posibilidades que favorezcan el crecimiento, superando la destrucción del tejido productivo que se produjo en 2020 y trazando una nueva estrategia que asegure el futuro y genere un posicionamiento adecuado en la estructura económica nacional e internacional.

Programa normativo, transparencia y rendición de cuentas

En la comunicación remitida a las Cortes también se repasa el compromiso de transparencia y la rendición de cuentas de los miembros del Gobierno, quienes llevan sustanciadas, en lo que va de la X Legislatura, 164 interpelaciones; 514 comparecencias de miembros del Gobierno y altos cargos o funcionarios de la administración autonómica, otras 17 comparecencias del Presidente y 96 de los consejeros ante el Pleno y 118 en Comisión. De las 765 preguntas formuladas para respuesta escrita la han obtenido ya 707 y se han atendido 1748 de las 1871 solicitudes de información planteadas.

El programa normativo comprometido ya ha remitido a Cortes los correspondientes proyectos legales, algunos tan relevantes como el Proyecto de Ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, el de modificación de la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma, el de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, el de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, el de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, entre otros. Destaca entre este paquete legislativo desplegado para conseguir una mayor agilidad y simplificación administrativa, con origen en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación, la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, configurada como un elemento central para el establecimiento de medidas que promuevan la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de todo su sector público. Dicha norma principal necesita del complemento provisto por el Proyecto de Ley de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, recientemente aprobado y remitido a las Cortes.

La comunicación del presidente finaliza reafirmando el compromiso adquirido ya en la IX Legislatura de volver a conectar con el tejido económico y con los agentes sociales, potenciando el diálogo y la paz social "que tantos frutos ha dado a nuestra tierra", e impulsando decididamente los sectores estratégicos de la comunidad (logística, energías renovables, agroalimentación, turismo, automoción, nuevas tecnologías), reforzando el tejido empresarial existente y captando nuevas iniciativas empresariales.