Educación abre cuatro nuevas escuelas rurales y amplia las aulas en otras seis como medida para mantener población

La educación y el mantenimiento de los centros educativos en el medio rural es uno de los aspectos esenciales para mantener la población en este ámbito. Así lo entendió el Gobierno de Aragón en la pasada legislatura y lo acentúa, si cabe, en esta. Prueba de ello es que el Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la ampliación de los convenios con seis ayuntamientos (Adahuesca, Alcorisa, Calaceite, Ejea, Villanueva de Gállego y la comarca del Matarraña) y a la suscripción de cuatro nuevos (con Alloza, Campo, Fayón y Siétamo), gracias a los cuales se amplía su oferta de escuelas municipales infantiles.

En estos momentos, el Gobierno de Aragón financia el profesorado de unas 200 escuelas infantiles (periodo de 0 a 3 años), con una inversión de casi 10 millones de euros. Educación se hace cargo de los gastos de personal de estos centros, situados en 152 municipios distintos de las tres provincias. En estos centros inician su etapa escolar más de 5.500 menores.

Uno de los motivos de que aumenten cada año el número de escuelas infantiles en la Comunidad es la eliminación por parte del Departamento de la necesidad de contar un mínimo de cinco alumnos para acceder a la financiación. De esta manera se ha posibilitado que puedan reabrirse escuelas infantiles en el medio rural, especialmente en municipios pequeños.

El Gobierno de Aragón mantiene su apuesta por la escuela rural y la educación de 0 a 3 años en el medio rural como una política prioritaria para combatir la despoblación y vertebrar el territorio, como se puso de manifiesto en la reciente visita del presidente del ejecutivo aragonés, Javier Lambán, al municipio turolense de Villarquemado, donde se ha abierto una nueva aula de la escuela infantil que contará con 15 niños.

El compromiso del ejecutivo con el medio rural para garantizar servicios públicos de calidad se plasma también en la decisión de mantener escuelas abiertas con menos de 6 alumnos, que permitió en la legislatura anterior el mantenimiento de 100 centros fuera de las capitales y grandes municipios y que en el presente curso ha logrado que 40 colegios de Aragón sigan abiertos con hasta 3 estudiantes.

Además, el Departamento de Educación ya ha anunciado que las aulas de escolarización temprana a los 2 años se extenderán al mundo rural, primando aquellos lugares donde no existe etapa 0-3 años, donde hay una oferta educativa escasa y teniendo en cuenta aquellas poblaciones en las que se está produciendo un aumento de población. De esta forma, este año se abrió un aula en las localidades de la Ribagorza de Montanuy y Arén y el próximo curso se estrenará esta medida en, al menos, un colegio de cada provincia: Sos en Zaragoza, Miralsot en Huesca y Samper en Teruel.

Nueva cultura del gasto

Según conoció el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Aragón empezará a implantar de manera inmediata una nueva cultura de gestión del gasto y del desarrollo de las políticas públicas que permita progresivamente sanear las cuentas de la Comunidad Autónoma, cumplir la senda de estabilidad fiscal y la sostenibilidad financiera, a la vez que garantizar la prestación de los servicios fundamentales a los aragoneses. Este va a ser el eje central de una política transversal que busca la excelencia de las cuentas públicas.

Las tres medidas fundamentales que se encaminan a este objetivo son la decisión de estrechar un acuerdo institucional Gobierno de Aragón/Airef para mejorar los ámbitos de gestión a través de la realización de varios análisis en tres áreas de gestión relacionadas con el gasto farmacéutico extrahospitalario, personal y relación financiera con la Univeridad; la creación de la Unidad de Gestión Sostenible (UNIGES) que trabajará con todos los departamentos para mejorar las políticas del gasto y del ingreso; y una mínima retención de crédito por valor de 45,3 millones de euros, que representa un 0,7% del presupuesto y que trata de adelantarse a los escenarios más gravosos que impondrá el Plan Económico y Financiero (PEF), que deberá aprobar el Consejo de Políticas Fiscal y Financiera (CPFF) en el mes de julio.

Esta decisión evita cualquier tipo de ajuste en la prestación de los servicios básicos y se ha diseñado con la colaboración de todos los departamentos, poniendo de manifiesto el máximo nivel de diálogo, la corresponsabilidad y la cohesión que existe en el Gobierno.