Arranca el proceso para reformar la Ley del Juego de Aragón con atención especial a la protección de menores

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el anteproyecto de la Ley del Juego de Aragón, una legislación que databa de hace 20 años y que urgía actualizar. La nueva normativa, que ahora inicia su tramitación, refuerza el control de acceso a los locales de juego, pone más énfasis en alertar de los peligros de esta actividad e incide en la protección de un colectivo especialmente sensible como es el de los menores.

El texto pone el foco en dos objetivos: adoptar nuevas medidas normativas de la actividad de juego que den respuesta a la sociedad presente y futura y generar un entorno de juego sostenible, seguro, consciente y responsable.

Para conseguir estos objetivos, se proponen veinte modificaciones del articulado de la ley vigente y seis disposiciones transitorias para que las empresas del sector se adapten a los cambios en la normativa.

Más operatividad en torno a la violencia de género

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un protocolo entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y cinco departamentos del Gobierno de Aragón –Educación, Sanidad, Ciencia, Ciudadanía y Economía– para hacer más operativa la ejecución de los fondos provenientes del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Sobre el total de 100 millones de euros que transfiere el Gobierno de España a las comunidades autónomas, Aragón recibirá 4,65 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, tal y como apareció publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Alrededor de la mitad de estos fondos irán a las iniciativas desarrolladas conjuntamente con los cinco departamentos.

A través del protocolo, el primero de estas características que se firma para este fin, se especifican las competencias y atribuciones del IAM y las de los departamentos. Entre las del Instituto Aragonés de la Mujer figuran determinar las medidas en colaboración con las consejerías, asignar una cuantía y realizar un seguimiento de las actuaciones. Por su parte, los organismos gestores se encargan de llevar a cabo estas medidas, de participar en el grupo de trabajo interdepartamental creado al efecto o entregar la memoria económica.

También se establecen los proyectos financiables, entre los que están iniciativas para la inserción sociolaboral, campañas de sensibilización, sistemas de acompañamiento, cursos de formación específica o el refuerzo de los puntos de encuentro familiar.

El protocolo no se olvida de la crisis sanitaria generada por el coronavirus y la incidencia que ha tenido en la violencia machista, especialmente con el aislamiento domiciliario. Y recuerda que en el real decreto de 31 de marzo el Gobierno central aprobó, entre otras medidas, flexibilizar las reglas de gasto relativas a los fondos del Pacto de Estado y la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas para hacer frente a las necesidades derivadas también en este ámbito por la declaración del estado de alarma.