Aprobado el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, un marco legal integral y pionero para combatir la despoblación en Aragón

El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este sábado en Calatayud ha dado luz verde al proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural en Aragón, el marco legal que aglutinará todas las actuaciones que se acometan para dinamizar las áreas menos pobladas. Entre otras medidas, la normativa prevé una fiscalidad diferenciada para las zonas más castigadas del territorio aragonés e incorpora el denominado Mecanismo Rural de Garantía como principio rector en la Comunidad Autónoma.

La ley regula, ampara y potencia las vías de actuación en torno al medio rural, con el establecimiento de fórmulas de cooperación y coordinación y, a la vez, con la promoción de iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz. El objetivo es generar un desarrollo que consiga aumentar la presencia de centros productivos y empresariales, actividades comerciales y de servicios y que lleve así a consolidar y aumentar la población en estos territorios demográficamente disminuidos, así como la riqueza y el empleo

La Ley de Dinamización del Medio Rural destaca por su carácter transversal, con participación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y un especial tratamiento a aspectos relacionados con la mujer, los jóvenes y el ámbito social en general, la implantación de los avances tecnológicos, los aspectos medioambientales y la observación de las directrices comunitarias y de documentos globales como la Agenda 2030.

Entre las novedades está en Mecanismo Rural de Garantía, destinado a que la Administración autonómica promueva, impulse y revise de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico mediante la observación de la perspectiva del cambio demográfico. Este principio rector alcanzará también a las subvenciones y sus bases reguladoras, que deberán incorporar criterios de discriminación positiva para promover acciones de dinamización, desarrollo y lucha contra la despoblación en las zonas rurales, siempre que las medidas resulten compatibles con el objeto y finalidad de las ayudas.

Asimismo, se contempla además la descentralización administrativa como instrumento de dinamización del medio rural.

Se establece por ley la delimitación y zonificación de los municipios y asentamientos aragoneses, lo que permitirá visualizar nuestra realidad territorial y rural de todos los asentamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Y se elaborará un Programa de Gestión Territorial de dinamización económica para el medio rural, por bloques homogéneos y comarcalizado. Por asentamiento se entienden todos núcleos poblacionales que integran los distintos municipios aragoneses.

La nueva normativa consolida los mecanismos de gobernanza y coordinación con las entidades locales, agentes sociales y operadores territoriales. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial pasa a ser el órgano político del Gobierno de Aragón encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de las políticas de dinamización y lucha contra la despoblación.

En cuanto a la cultura emprendedora, la ley contempla la puesta en marcha, a través del Instituto Aragonés de Fomento, de una plataforma online para la prestación de servicios de información y asesoramiento integral de las iniciativas que surjan. También se prevé una Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento (Red ARCE) como instrumento para coordinar viveros empresariales, coworking o incubadoras; un Programa de Relevo Generacional para la transmisión y estabilidad de negocios intergeneracionales, o la creación de una Academia Rural Digital para la formación en el medio rural.

En materia presupuestaria, la ley obliga a recoger en un tomo específico en las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma el gasto de los capítulos IV, VI y VII (transferencias e inversiones) sobre medidas recogidas en la norma.

Dos de cada tres asentamientos, beneficiados

La mayor novedad estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a partir de la clasificación de asentamientos establecida en su artículo 28: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un índice sintético de desarrollo territorial (ISDT) inferior a 100.

El ISDT es una variable que expresa numéricamente el desarrollo territorial de los asentamientos y municipios de Aragón en relación a un valor medio que se establece en 100 puntos.

Estas dos catalogaciones abarcan 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón (un 66%) y en ellos tienen fijada su residencia 70.700 aragoneses (un 5% de la población total).

Por provincias, los asentamientos beneficiados por las rebajas fiscales alcanzan a 26.429 vecinos de núcleos de la provincia de Teruel, 24.875 de la provincia de Zaragoza y 19.452 de la provincia de Huesca.

En ambas áreas, la ley prevé bonificaciones fiscales sobre la Renta de las Personas Físicas en la cuota autonómica al objeto de contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de la población en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón:

Además, los habitantes de las zonas en riesgo extremo de despoblación –y, de nuevo, un ISDT bajo, menor de 100- tendrán una ayuda añadida, ya que podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra autonómica de la Renta.

El Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio publicará anualmente los criterios de adaptación de la clasificación de las zonas rurales con el fin de mantener la coherencia y alineación con el Acuerdo de Aplicación del Mapa Regional de Ayudas del Gobierno de España, con la clasificación de las unidades territoriales estadísticas (NUTS) y con la normativa nacional de aplicación en el ámbito del reto demográfico.

El proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural es fruto de un intenso trabajo liderado desde el Comisionado para la Despoblación del Gobierno de Aragón que ha involucrado a todos los departamentos del Ejecutivo autonómico y que ha dado lugar a numerosas reuniones dentro del proceso participativo que se ha desplegado. Se han realizado tres talleres participativos entre septiembre y octubre del año pasado. Además, el texto legal concitó la unanimidad del Consejo Local, del que forma parte la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP).

La norma se compone de 97 artículos, divididos en ocho títulos y agrupados en capítulos, así como de las disposiciones de la parte final, integrada por nueve disposiciones adicionales, una disposición transitoria, la disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.