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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Patrimonio y Organización

Presentación del proyecto de Ley sobre Simplificación Administrativa

Entre otros aspectos, la nueva normativa minimiza las cargas administrativas innecesarias, favorece las declaraciones responsables y revisa los efectos del silencio administrativo

El Gobierno de Aragón, conforme al compromiso del Presidente, ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Aragón, que atiende la demanda social y empresarial de simplificar y agilizar la acción y el funcionamiento de la administración pública pactado en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica. El Gobierno apuesta así de forma decidida e innovadora por la simplificación administrativa, en su triple vertiente regulatoria, organizativa y procedimental. La nueva ley se ha elaborado de acuerdo con los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en primer lugar, el de necesidad, promoviendo el desarrollo y agilización de las actuaciones financiables con determinados fondos europeos incluidas en el Plan estatal de recuperación, transformación y resiliencia y en la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, instrumentos ambos creados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.   Estas son las líneas principales del proyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Aragón:   1. Se institucionaliza la política de simplificación administrativa como objetivo horizontal en todo el sector público, con programación, evaluación y seguimiento. 2. Se regula la gestión coordinada de procedimientos, autonómicos y locales, para proyectos concretos o para áreas de actividad. 3. La declaración responsable o comunicación previa de reglas generales, salvo norma europea, estatal o razón imperiosa de interés general. 4. El silencio positivo como regla general, salvo norma europea, estatal o razón imperiosa de interés general. 5. Revisión a la baja de todos los plazos de silencio en los próximos seis meses. 6. Mayor integración administrativa con el tejido social y económico y con las entidades colaboradoras de certificación, que podrán ser los colegios profesionales. 7. Eliminación de trámites innecesarios con reducciones significativas de plazos (meses): acuerdos reiterados de consejo de Gobierno, revisión de procesos de control interno, homologación del recurso especial con Estado y todas las comunidades autónomas (salvo Navarra), reducción de plazos de tramitación y reforma de procedimiento en subvenciones. 8. Extensión del régimen jurídico que ha impulsado la generación eólica a todas las tecnologías renovables.   Se incluye además la elaboración de un Plan de Simplificación Normativa de forma simultánea a la aprobación del Plan de Gobierno en el primer año de cada Legislatura e impulsado por el Departamento competente en materia de calidad normativa.   Este proyecto apuesta por avanzar, por implantar las reformas apuntadas de manera efectiva, real, mediante un proceso reflexivo que implica a todos y cada uno de los departamentos y organismos públicos de la Comunidad que deberá culminarse en seis meses.   Como ya se anunció, el proyecto de ley se remite ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria con el procedimiento de lectura única, para así poder incorporar las aportaciones de los grupos políticos y de los agentes sociales aragoneses.