La movilización del presupuesto, el mantenimiento de los servicios públicos y la protección de los trabajadores, principales cometidos de Hacienda para hacer frente al Covid-19

La movilización urgente del presupuesto, el mantenimiento de los servicios públicos y la protección de los trabajadores del Gobierno de Aragón han sido los principales cometidos del departamento de Hacienda y Administración Pública para hacer frente a los efectos del Covid-19, aunque algunas medidas se adoptaron con carácter previo a la aprobación del estado de alarma.

Así antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que declaró el estado de alarma, el Gobierno de Aragón ya había adoptado algunas medidas tributarias y de personal. Entre las primeras se encuentra la ampliación de los plazos para la presentación y pago de los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y tributos sobre el juego).

Entre las que afectaban al personal se adoptaron medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, pero reduciendo al máximo el riesgo de contagios, informando puntualmente a las organizaciones sindicales.

Atención domiciliaria a menores, ancianos y discapacitados

Un día antes de que se decretara el estado de alarma, se dispuso la permanencia en sus domicilios de las trabajadoras embarazadas y de las personas con patologías sensibles a la enfermedad provocada por el coronavirus.

De la misma manera se reconoció como derecho inexcusable de carácter público la atención domiciliaria a los menores tras el cierre de los colegios; y a los mayores y a los discapacitados, a medida que se iban clausurando los centros de atención a estos colectivos. Estas medidas dieron paso a la flexibilización de los horarios y al teletrabajo, según ha explicado el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda.

La entrada en vigor del estado de alarma el 16 de marzo hizo que se ampliaran todas las medidas que establecían la permanencia de los trabajadores en sus domicilios, salvo los trabajadores de los servicios esenciales. Se reconoció así la consideración de trabajo efectivo, que permite a los trabajadores estar en sus domicilios, plenamente localizables y disponibles para su incorporación en el servicio que se indique como más necesario.

Además, se regularon las condiciones de prestación de servicio en los centros educativos y culturales, tratando de reducir al máximo la presencia física en los puestos de trabajo.

Decreto-Ley de 25 de marzo

Pero la gran herramienta de la Administración para responder a las necesidades que ha creado el Covid-19 ha sido el Decreto-Ley de Medidas Urgentes, que se aprobó el 25 de marzo y que ha permitido introducir agilidad y flexibilidad en la Administración, señaló Pérez Anadón.

A partir del 30 marzo, distintas órdenes establecieron criterios para reorganizar los recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales, que vieron dispararse las necesidades. Primero se incorporaron los trabajadores que tenían dispensa sindical. Después, y a través de distintas órdenes, se determinó la entrada del personal que desarrollara funciones similares a las requeridas, pautándose acto seguido y si se hace necesario, la entrada de los interinos y en tercer lugar de personal requerido a través del servicio público de empleo.

Todas estas medidas han sido explicadas a los sindicatos en la Mesa Sectorial de la Administración Pública.

Medidas presupuestarias urgentes

El departamento de Hacienda y Administración Pública también ha sido el encargado de poner en marcha medidas en materia presupuestaria para hacer frente con urgencia a las necesidades de pagos impuestas por la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. Así, y de la mano del Decreto de Medidas Urgentes de 25 de marzo se aprobó la capacidad de formalizar operaciones de financiación a corto plazo, pasando de manera excepcional del límite del 12% de los gastos no financieros al 30%, de manera que se están cerrando operaciones con diferentes entidades financieras para ganar en liquidez, subrayó el consejero de Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, se han adoptado medidas extraordinarias en relación con la gestión del presupuesto que permiten al titular de Hacienda realizar modificaciones de crédito, retener créditos disponibles del presupuesto de gastos, anular documentos contables en cualquier fase de ejecución presupuestaria para reasignar las prioridades del gasto.

Las medidas de urgencia adoptadas por el Ministerio de Hacienda en función de lo establecido por el Real –Decreto Ley del 14 de marzo han propiciado también la llegada del primer pago de la actualización de las entregas a cuentas (55,8 millones) que se realiza en dos abonos, esperándose el otro 50% para el 17 de abril.

También han llegado ya 8,85 millones del Fondo de Facilidad Financiera que permite hacer frente a las devoluciones negativas de 2008 y 2009.

El departamento de Hacienda a través del servicio de Patrimonio ha movilizado su parque móvil para realizar labores de apoyo al 061; ha mantenido activo un servicio jurídico para hacer frente a cualquier consulta sobre espacios para atención a enfermos, almacén de material, asistencia social o cualquier otra necesidad, además de reforzar los servicios de limpieza de los edificios interdepartamentales.

En lo que hace referencia a la Contratación Pública se ha optado por aplicar la tramitación de emergencia a todos los contratos destinados a atender las necesidades que provoca la pandemia. Incluso las órdenes de pago podrán realizarse a justificar, es decir, que podrán autorizarse sin tener tramitada toda la documentación, que más adelante deberá aportarse debidamente justificada.

También se ha mantenido operativo el servicio de Contratación centralizada para agilizar la gestión de los pagos pendientes y tramitar nuevos contratos o prórrogas, ya que la mayoría de servicios y suministros centralizados tienen carácter de esenciales. Se han reordenado los contratos de seguridad privada y limpieza para reforzar los centros públicos que han experimentado un aumento de sus necesidades de servicio.

Asimismo, continúa llevándose a cabo una importante labor de resolución de consultas en la Oficina de Contratación Pública sobre la normativa vinculada con el Covid-19, con el levantamiento de suspensiones y las tramitaciones de emergencia. Esta oficina realiza tareas de coordinación con todos los departamentos de la Administración aragonesa para intentar reorganizar las prestaciones y valorar los efectos de la suspensión parcial o total de los contratos durante este periodo para poder programar las medidas destinadas a la recuperación económica.