Mayte Pérez reclama una “agilización administrativa” para poder ejecutar en plazo los proyectos autonómicos ligados a los fondos europeos

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y el vicepresidente del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, han refrendado esta mañana en Cuenca la “posición común” de los dos gobiernos autonómicos respecto a la llegada de fondos europeos. Pérez ha reclamado “agilizar la burocracia” para que los proyectos puedan ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2023.    La titular de Presidencia ha destacado la “oportunidad” que supone para las comunidades afectadas por la despoblación y la dispersión territorial el plan de recuperación ‘Next Generation EU’, de la Unión Europea. A través de unas “conversaciones constantes”, los dos gobiernos regionales han llegado a “un modelo compartido” para que los proyectos estén relacionados con temáticas como “el ámbito sanitario, el cuidado de nuestros mayores, la vivienda o la conectividad”. Este trabajo se desarrolla dentro del Foro de Regiones afectadas por Desafíos Demográficos (FREDD), del que también forman parte Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.   “Planteamos modelos eficaces de acuerdo con la realidad del siglo XXI, que sirvan de respuesta efectiva a los desafíos que suponen el reto demográfico, la despoblación, la dispersión territorial y el envejecimiento”, ha abundado la consejera de Presidencia.   Para que los proyectos financiados con fondos europeos salgan adelante, la consejera de Presidencia ha planteado la necesidad de “agilizar la burocracia” e impulsar un “procedimiento de simplificación administrativa”, de forma que se genera “más agilidad en la tramitación”.   En esta línea, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno central –una reclamación conjunta con Aragón– que habilite un mecanismo que sirva de "anticipo de los fondos europeos", de forma que las comunidades autónomas que aprueben "en tiempo y forma sus presupuestos" puedan ejecutar los proyectos aprobados "desde el 1 de enero".   Delegación aragonesa