Licitación del Acuerdo Marco de Homologación de los servicios de limpieza ecológica por valor de 25,4 millones

El Gobierno de Aragón ha autorizado y encargado al departamento de Hacienda y Administración Pública la celebración del Acuerdo Marco de Homologación de servicios de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de los edificios administrativos. El nuevo acuerdo, con un valor orientativo de 25,4 millones de euros, deberá sustituir al acuerdo actual que terminará su vigencia el próximo mes de marzo.

El Acuerdo Marco de Homologación, una técnica de racionalización de la contratación pública que permite conseguir condiciones económicas más favorables y agilizar los trámites, determina una relación de servicios para un periodo de tiempo determinado con una o varias empresas.

La necesidad de mantener el servicio de limpieza de los edificios de los distintos departamentos y organismos del Gobierno de Aragón obliga a licitar de nuevo un acuerdo marco, que tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de introducir un periodo de prórroga.

La finalidad es homologar el servicio de limpieza ecológica y de retirada selectiva de residuos de los edificios de carácter administrativo del Gobierno de Aragón, es decir de sus departamentos, organismos autónomos y entidades, fundaciones y sociedades adheridas.

La tramitación del acuerdo marco no lleva aparejado un presupuesto de licitación ni hace necesaria la retención de crédito porque el acuerdo marco no es en sí mismo un contrato sino un ámbito en el que se regulan las condiciones para la adjudicación de los posteriores contratos derivados con los distintos departamentos u otros entes adheridos.

El acuerdo marco se divide en 9 lotes, tres por provincia, y dentro de cada provincia otros 3 lotes en función del valor estimado del contrato derivado. Asimismo, y por

primera vez, no se va a limitar el número de adjudicatarios por lote con la finalidad de fomentar una competencia real en la licitación del acuerdo marco.

De la misma manera, se plantea trasladar la oferta económica principal de la ratio hora/servicio a los contratos derivados sin necesidad de establecer un precio máximo de homologación, de manera que cada unidad administrativa determine el precio máximo hora/servicio en función de la carga y las características especiales de cada edificio.

Apuesta por los criterios sociales

Una de las principales novedades de este proceso es la fuerte apuesta por la implantación de criterios sociales, tanto para la adjudicación como en las condiciones especiales de ejecución, promoviendo la formación del personal y la promoción profesional dentro del sector.

Los criterios de adjudicación atenderán a pautas de calidad, de formación adicional y disponibilidad de los trabajadores, a niveles de integración social e igualdad de género y a razones medioambientales, mientras que los contratos derivados tendrán en cuenta la puntuación obtenida en el acuerdo marco, el precio, los protocolos de actuación para cada centro de trabajo y otros servicios.

Se consolidan las prestaciones de carácter ecológico en el uso de productos, reforzando las tareas asociadas en caso excepcional como la pandemia actual.

El nuevo acuerdo garantiza la libre competencia, al permitir que todas aquellas empresas que cumplan los criterios de solvencia y presenten correctamente sus ofertas accedan a los contratos que se liciten en los próximos cuatro años, ya que, además, las propuestas podrán prever en los precios las posibles modificaciones de los convenios colectivos que planteen una subida progresiva del salario de los trabajadores.