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Miércoles, 24 de abril de 2024

Hacienda

La Junta General de Herencias del Gobierno de Aragón reparte 1,1 millones a 42 entidades sociales para desarrollar 31 proyectos de futuro y 20 actuaciones vinculadas con la Covid-19

El montante que se ha distribuido procede de la sucesión legal de 17 herencias de las que acabó siendo beneficiaria la Comunidad Autónoma

El reparto de la cantidad acumulada se ha orientado principalmente a entidades que han seguido trabajando durante el tiempo de la pandemia

Un total de 42 entidades sociales sin ánimo de lucro se repartirán 1,1 millones de euros tras la reunión que ha mantenido la Junta General de Herencias, que trata de apoyar este año de manera especial a las organizaciones que han seguido desarrollando su labor durante el tiempo de pandemia y a las que han realizado tareas vinculadas con las necesidades que ha generado la Covid-19.

El Gobierno de Aragón acumula las herencias de las personas que fallecen sin tener descendientes legales que sea beneficiarios de su patrimonio para repartirlas entre el tejido social a fin de apoyar proyectos que generen un claro beneficio social. En esta ocasión, la Junta General de Herencias ha reunido 1,1 millones de euros procedentes de 17 herencias.

De esta cantidad, 368.438 euros corresponden a una sucesión que se destina íntegramente a financiar distintas acciones vinculadas a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, así como a sus repercusiones sociales y económicas. El resto del montante económico se ha dirigido a apoyar proyectos de futuro de diversas entidades.

Las ayudas dirigidas al trabajo vinculado directamente con la Covid se han repartido entre 20 actuaciones, mientras que el apartado de proyectos de futuro llegará a 31 iniciativas, con aportaciones que oscilan entre los 10.000 y los 80.000 euros.

La Junta General de Herencias es consciente de que las cantidades que se distribuyen no cubren todos los proyectos ni solventan todas las necesidades de las entidades sociales, pero tratan de que este apoyo se reparta de “manera equilibrada”, tanto territorialmente como entre las entidades. De hecho, trata de tener una visión más amplia de las ayudas que les pueden llegar desde otras convocatorias públicas para tratar de ser lo más “justos y equitativos”.

Por el tipo de perfil de las entidades beneficiarias, la mayoría trabajan con proyectos de discapacidad, salud mental o para personas en riesgo de exclusión.

Aparicio destacó el trabajo realizado por todos los integrantes y recalcó que se ha logrado hacer un reparto “muy distribuido” y con un cuidado especial para las entidades más pequeñas, porque estos apoyos les garantizan seguir adelante con su labor. “Tratamos de aportar nuestro grano de arena para fortalecer al tercer sector, que es fundamental para una Administración que cree en la justicia social, ya que las entidades llegan donde no llegamos nosotros”, apostilló la directora general de Patrimonio y Organización.