El Gobierno de Aragón aprueba una declaración institucional de lucha contra el fraude en la gestión de los fondos MRR

El Gobierno de Aragón ha aprobado una declaración institucional en la que asume su compromiso de lucha contra el fraude en el marco de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se financiará con cargo a los fondos europeos de recuperación (MRR). Esta declaración institucional conlleva, tal y como mandata la UE, la obligación de contar con un Plan de Medidas Antifraude que garantice que los recursos dispuestos para impulsar la recuperación no se malgastan.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, han elevado conjuntamente al Consejo de Gobierno esta declaración institucional de lucha contra el fraude que compromete al Ejecutivo autonómico “a mantener un alto nivel de calidad ética y moral y al cumplimiento de las normas jurídicas y éticas, adhiriéndose a los principios de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez, demostrando su oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones”.

La asunción de este compromiso alcanza a las empleadas y empleados del sector público autonómico y de todos los departamentos, organismos y entes que se impliquen en la gestión de proyectos MRR.

Esta manifestación de intenciones adopta una política de tolerancia cero con el fraude y establece un sistema de control diseñado para prevenir y detectar cualquier actuación fraudulenta a la vez que pone medios para subsanar sus consecuencias.

Por ello, y en sintonía con lo que establece la UE y la Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública de 29 de septiembre de 2021, que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para todas las administraciones implicadas, se ha aprobado el Plan de Medidas Antifraude, que responde a una serie de pautas y comportamientos que deberá adoptar cada departamento implicado en la gestión de los fondos, adaptándolo a sus necesidades y características.

La importancia de estas medidas radica en el esfuerzo sin precedentes que realiza la UE para poner en marcha el programa de estímulo económico en respuesta a los efectos de la Covid-19, que debe servir para favorecer la recuperación económica y sentar las bases de crecimiento de los países de la Unión en las próximas décadas.

Cuatro áreas clave

El Plan de Medidas Antifraude se estructura en cuatro áreas clave: la prevención, la detección, la corrección y la persecución de los comportamientos fraudulentos.

Este protocolo de vigilancia y actuación se apoya en las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la normativa comunitaria europea.

Las medidas de prevención tratarán de fomentar a través de la normativa autonómica en vigor, y mediante la formación y concienciación de toda la organización, una cultura ética y códigos de buena conducta de los empleados públicos que disuadan al defraudador. Una acción que se apoya en la división de funciones de los procesos de gestión, control y pago y en los sistemas de control interno para evitar cualquier anomalía.

Las medidas de detección se centran en el uso de las bases de datos, en la definición de indicadores de fraude mediante test que establecen cuáles son las señales de alerta que deben llamar la atención de los gestores públicos ante cualquier comportamiento indebido. Finalmente, el plan organiza las medidas de corrección y de persecución del delito.