El Consejo de Política Fiscal debate mañana una iniciativa defendida por el Gobierno de Aragón

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará mañana en el Ministerio de Hacienda, ha decidido finalmente incluir en el orden del día la propuesta de creación de un grupo de trabajo que diseñará la manera de cumplir el principio de lealtad institucional que contempla la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Este anuncio se produce días después de que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, remitiera una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le solicitaba que en la reunión que mañana celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordara la repercusión que la aplicación de distintas leyes estatales está teniendo en las haciendas de las comunidades autónomas.

La carta, que ha sido respaldada por todas las comunidades autónomas presentes en el Consejo, a excepción de aquellas en las que gobierna el Partido Popular, incide en la necesidad de que la Administración central respete el principio de lealtad institucional contemplado en la LOFCA (como consecuencia del acuerdo que dio lugar al actual sistema de financiación autonómica), que asegura que el Estado compensará a las comunidades autónomas las mermas que se produzcan en sus ingresos tras la aplicación de normas estatales.

El incumplimiento de este principio, llevó a Eduardo Bandrés y al resto de consejeros de las comunidades gobernadas por el PSOE a pedir en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 6 de marzo, la revisión del actual sistema de Financiación Autonómica. A juicio del consejero, este principio -que inspiraba el vigente modelo de Financiación Autonómica- ha sido vulnerado por el Estado en reiteradas ocasiones con el consiguiente perjuicio para la financiación de las comunidades autónomas.

Así las cosas, el Estado ha modificado unilateralmente el marco legislativo de competencias cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas. Este hecho está suponiendo unos costes adicionales a los servicios públicos que legalmente deben prestar, sin que hayan recibido compensación financiera equivalente por estas nuevas obligaciones legales.

Este es el caso, por ejemplo, de la Ley del Menor, la Ley Orgánica de Universidades o la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.

En el mismo sentido, en el lado de los ingresos, el Estado ha llevado a cabo una modificación unilateral y arbitraria del ordenamiento tributario en aquellas figuras impositivas cuya recaudación, en todo o en parte, corresponde a las comunidades autónomas. Sirva de ejemplo la modificación y reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.