Aragón lamenta que el Ministerio no despeje las incertidumbres de la LOSU y exige financiación para su puesta en marcha

El Gobierno de Aragón ha criticado hoy que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no haya aclarado las “muchas incertidumbres” que rodean todavía a la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) y ha exigido al Gobierno que se haga cargo del coste que supone su puesta en marcha, 4,7 millones anuales para el caso de la Universidad de Zaragoza y más de 840 anuales en el conjunto de los campus públicos españoles.

Así lo ha trasladado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, en la primera reunión de la Conferencia General de Política Universitaria presidida por la ministra Diana Morant, y en la que ha estado acompañada por la directora general de Universidades del Ejecutivo autonómico, María Luisa Feijóo.

La responsable autonómica ha advertido sobre el “sustancial impacto económico” que va a tener la implementación de una ley orgánica que salió adelante sin memoria económica y cuyo coste debería asumir el Gobierno central. En este sentido, Pérez Forniés ha defendido que la ley debería haber venido desde el principio acompañada de las correspondientes medidas económicas para hacerla realidad y no cargar sobre los campus y los gobiernos autonómicos toda la responsabilidad.

“Casi un año después de su aprobación, el propio Gobierno reconoce los muchos problemas de la ley, anunciando una comisión de trabajo para flexibilizar el calendario de su implementación, aunque manifiestan su entrada en vigor, y hablar de corresponsabilidad financiera, pero sin aportar cifra económica alguna”, ha denunciado la titular aragonesa de Universidades tras la reunión.

Pérez Forniés ha confirmado que, “por lealtad institucional”, Aragón participará en la comisión, que ha reclamado sea “única, con la participación al mismo tiempo de todas las Comunidades autónomas”, así como con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que desde el principio se han mostrados muy críticos con la normativa y los efectos que tendrá en el sistema universitario español. “Pero la lealtad ha de ser de ida y vuelta y el Gobierno tiene que dotar económicamente la ley y ser responsable de los efectos pernicioso que se derivan de la aplicación de la misma”, ha insistido.

La consejera también se ha unido a la reclamación de otras Comunidades de compensaciones por la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares, cuyo coste deben asumir las universidades, lo que acaba repercutiendo también en la financiación que las comunidades autónomas proporcionan a los campus. La medida, que “está desincentivando a las empresas a la hora de facilitar prácticas al estudiantado”, afectará este curso a 9.000 alumnos de la Universidad de Zaragoza, con un coste aproximado de 300.000 euros.

En el transcurso de la Conferencia, que reúne al Ministerio con todos los representantes de las comunidades autónomas competentes en la materia, desde Aragón se ha traslado la “gran preocupación existente ante las cesiones que desde el Gobierno de España se está haciendo a otras Comunidades, en materia de becas o delegación de competencias para la homologación de títulos y la inquietud ante qué va a pasar con la financiación del sistema de investigación en España”.