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Domingo, 24 de noviembre de 2024

Trabajo

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará más de 21.200 actuaciones en 2023 para garantizar el empleo de calidad

La Comisión Operativa Autonómica fija 86 líneas de trabajo en materia de prevención de riesgos, relaciones laborales, empleo, Seguridad Social y lucha contra el fraude

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsará en 2017 la vigilancia de las condiciones laborales para incrementar la calidad en el empleo
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El órgano de cooperación entre el Gobierno de Aragón y el Estado en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presidido por el departamento de Economía, Planificación y Empleo, ha fijado los objetivos y programas de trabajo para este 2023, incorporando las acciones que se van a realizar en materia de prevención de riesgos, relaciones laborales, empleo, Seguridad Social y lucha contra el fraude. En total, la Comisión Operativa Autonómica de este organismo ha aprobado la realización de un máximo de 21.234 expedientes de inspección -3.874 en Huesca, 2.607 en Teruel y 14.749 en Zaragoza- distribuidos en 86 líneas de trabajo o campañas diferentes.

Entre las prioridades fijadas para 2023, se va a prestar una especial vigilancia a las novedades implantadas en las recientes modificaciones normativas sobre contratación, a la aplicación de condiciones salariales garantizadas en los convenios colectivos y a la implantación real de las obligaciones sobre igualdad en las empresas.

También se incorporan las previsiones de la actividad que se desarrollará en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado o economía irregular a través de la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos, la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad, incluidos los falsos autónomos. Este ámbito supone más de la mitad de las actuaciones fijadas para 2023: 11.278 de las más de 21.200 prevista en total.

En materia de prevención de riesgos laborales está previsto realizar 4.574 inspecciones en todos los sectores y zonas de Aragón, incluyendo las empresas que tienen mayores tasas de siniestralidad y las que realizan actividades en las que se produce el mayor número de accidentes mortales. Se va a impulsar también la evaluación de riesgos psicosociales en todos los sectores, incluyendo el riesgo por violencia sexual, así como los riesgos relacionados con la seguridad vial por el incremento de los accidentes de los trabajadores en desplazamientos.

En el área de relaciones laborales, se realizarán 4.586 inspecciones en Aragón que irán dirigidas a examinar los contratos temporales, formativos y a tiempo parcial, con la finalidad de detectar el uso indebido de los mismos; a comprobar las condiciones de jornada de trabajo, el registro de la misma día a día y las horas extraordinarias, incluyendo el teletrabajo; o a controlar la aplicación efectiva de medidas en los planes de igualdad, que ya afectan a todas las empresas a partir de 50 trabajadores.

Además, la colaboración entre Inspección de Trabajo y el INAEM permitirá el control de las subvenciones que se conceden para garantizar la estabilidad en el empleo y el cumplimiento por las empresas de la obligación de contratar trabajadores con discapacidad o de aplicar las medidas alternativas autorizadas.

Balance 2022

Según el balance provisional de la actividad realizada en 2022, el pasado año en Aragón se llevaron a cabo en torno a 16.970 inspecciones, se propusieron sanciones por importe de más de 15,8 millones de euros y se liquidaron más de 16,3 millones de euros en cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social. Además, los planes de choque en materia de contratación convirtieron en indefinidos 6.671 contratos de trabajo temporales realizados de forma indebida.

En 2023 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social completará la aplicación del Plan Estratégico aprobado en 2021 a nivel nacional. Su objetivo es modernizar este organismo clave para la defensa de los derechos laborales, consiguiendo una Inspección de Trabajo reforzada e innovadora, adaptada a nuestro tiempo -teniendo en cuenta los cambios económicos y sociales acelerados con la pandemia- y que defienda los derechos conquistados.