La Inspección de Trabajo cuadruplicó sus controles durante la campaña agrícola para evitar la expansión del Covid

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha realizado este año más de 13.330 inspecciones en Aragón en las que se han propuesto sanciones por importe superior a los 10,7 millones de euros y se han liquidado 14,42 millones de euros en cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social. Además, los planes de choque estatales y las visitas a las empresas han permitido convertir en indefinidos 5.145 contratos de trabajo temporales realizados de forma indebida.

Estos son algunos de los datos del balance provisional de la actividad realizada durante 2021 por la Inspección en nuestra Comunidad Autónoma, que se dio a conocer en la última reunión de la Comisión Operativa Autonómica, el órgano de cooperación entre el Gobierno de Aragón y el Estado en esta materia. Está integrado por representantes de ambas Administraciones y presidido por el departamento de Economía, Planificación y Empleo.

Durante el encuentro, se valoró especialmente el plan conjunto diseñado por el Gobierno de Aragón este verano en la campaña agrícola de temporada para garantizar la aplicación de las medidas Covid-19, pasando de 173 inspecciones en 2020 a 776 inspecciones en 2021, es decir, multiplicando por 4,5 las visitas realizadas a instalaciones y explotaciones agrícolas y evitando de esta forma los problemas detectados en 2020.

Objetivos para 2022

Según acordó la Comisión Operativa Autonómica, encargada de fijar e impulsar los objetivos y programas de la Inspección a desarrollar en nuestro territorio, este próximo año la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará en Aragón 20.487 inspecciones -3.400 de ellas en Huesca, 1.675 en Teruel y 15.412 en Zaragoza-, distribuidas en 96 líneas de trabajo o campañas diferentes. Unas actuaciones que se orientarán principalmente a detectar y actuar sobre los problemas que afectan de forma directa a las personas trabajadoras en un contexto de recuperación, vigilando la aplicación real de las medidas de prevención de riesgos por parte de las empresas, y detectando tanto los supuestos de impagos de salarios como las condiciones de trabajo precarias que reducen la protección social a la que tienen derecho.

De esta forma, aspectos como la lucha contra la precariedad, el control de los ERTE y las obligaciones sobre igualdad centrarán la actividad de la Inspección de Trabajo en 2022, que continuará trabajando en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado -aplicando técnicas avanzadas de análisis de datos-, en la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y en la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad.