El Gobierno de Aragón crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto a través del cual se crea y regula el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESPRE), en el que queda integrado el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, así como el establecimiento de un régimen de protección y evaluación periódica del estado de conservación de las especies incluidas.

El texto, que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) en los próximos días, define el contenido del registro, describe la información asociada al mismo y regula el procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión de una especie en el Listado o en el Catálogo aragonés, además de establecer un régimen de protección y evaluación periódica del estado de conservación de las especies incluidas.

El Decreto incide en la obligación de que las especies amenazadas cuenten con adecuados planes de recuperación o conservación, para lo cual se regula su contenido y su procedimiento de aprobación. En caso de que esta planificación lo establezca y siempre como complemento a las acciones de conservación in situ, se promueve la realización de programas de cría en cautividad o conservación ex situ en bancos de material biológico o programas específicos de traslocación que impliquen refuerzos poblacionales, reintroducciones, colonizaciones asistidas o restablecimiento ecológico.

Asimismo, la norma reglamentaria prevé el procedimiento para la creación de microrreservas de flora, fauna, hábitats y recursos genéticos, cuyo interés radica en reconocer una serie de áreas de reducida extensión que presentan gran valor por albergar poblaciones sobresalientes de especies y hábitats amenazados y cuya distribución sea muy localizada.

El Decreto también regula la elaboración de estrategias transversales para la corrección de factores adversos para la conservación de especies silvestres, que pueden incidir en materias tales como infraestructuras y fauna silvestre, comederos artificiales, uso ilegal de tóxicos peligrosos o control de especies exóticas incluyendo criterios orientadores o directrices de actuación para la ejecución de los planes de acción.

Además de todo ello, el Decreto da carta de naturaleza al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca, correspondiendo a la Dirección General con competencias en la conservación de la biodiversidad velar por su correcto funcionamiento.

Normativa previa

En base a la normativa básica estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, modificado parcialmente por el Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, y por la Orden de 4 de marzo de 2004, del departamento de medio ambiente del Gobierno de Aragón.

Posteriormente, esta normativa estatal ha sido modificada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, creando un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) mediante el Real Decreto 139/2011, y estableciendo un régimen específico de protección para las especies incluidas en él.

Entre las novedades que introdujo esta normativa se estableció dentro de este LESPRE un Catálogo Español de Especies Amenazadas, en el que se deben incluir las especies más amenazadas considerándolas como “vulnerables” o “en peligro de extinción”.

El Decreto aragonés, requería una adaptación a las nuevas obligaciones y categorías de especies recogidas, desapareciendo, las antiguas categorías de protección “sensible a la alteración de su hábitat” y “de interés especial” así como la categoría de “especie extinguida”, tal y como hasta el momento han venido recogidas en el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, que se pretende derogar.

En consonancia con lo anterior, esta ley básica permite que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales completen este listado nacional, incrementando, en su caso, el grado de protección mediante su inclusión en una categoría superior de amenaza.