El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley que establece impuestos medioambientales en beneficio del territorio

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley por el que se grava el impacto en el medio ambiente de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Un texto que será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

Así lo han anunciado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. Este último ha recalcado que los principales beneficiarios de estos impuestos serán los municipios que soportan las afecciones medioambientales.

El proyecto de ley que regula los nuevos impuestos y la modificación del relativo al transporte de energía eléctrica de alta tensión ha contado con las aportaciones del Clúster de la Energía de Aragón, al que el Consejero de Hacienda ha agradecido su ayuda, así como la de empresas aragonesas del sector que llevan tiempo apoyando el desarrollo territorial.

La base de ambos gravámenes se basa en el impacto natural y paisajístico generado por las instalaciones fotovoltaicas y eólicas. En el caso de las instalaciones eólicas, se gravará según una parte variable en función de la altura del aerogenerador y una parte fija atendiendo a la potencia de la instalación, mientras que, en fotovoltaica, se gravará teniendo en consideración la superficie de la instalación.

El proyecto de ley, cuya tramitación ya se inició en la pasada Legislatura, contempla bonificaciones y exenciones del 99% para aquellos proyectos que generan riqueza e impulso económico, por ejemplo, el proyecto del Nudo Mudéjar, que se desarrolla en la provincia de Teruel. También tendrán la misma exención aquellos desarrollos empresariales que lleven aparejadas medidas para fijar la población en el territorio aragonés, la creación de empleo y el beneficio para los municipios donde se instalen.

Con el mismo objetivo de desarrollo del territorio, un porcentaje de los ingresos se destinará a medidas de lucha contra la despoblación. Asimismo, se crea un fondo medioambiental para la reinversión en el territorio del 50%.

Con la aprobación del proyecto de ley, Aragón se suma a las comunidades de Galicia, Castilla-León, Cantabria y Castilla-La Mancha donde también hay impuestos a las renovables.

Emergencias

La sesión ordinaria del Consejo de Gobierno también ha acordado la remisión del proyecto de ley del sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón para su tramitación por el procedimiento legislativo común, después de su caducidad al acabar la legislatura pasada. Con ese ordenamiento se ahorra en las labores de coordinación y planificación de las actuaciones en la materia.

Además, se da cumplimiento al artículo 49.4 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, en el que se indica que “si la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley caduca por haber finalizado la legislatura, el Gobierno, previo informe de la persona titular de la secretaría general técnica del departamento competente por razón de la materia y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, en el plazo de seis meses desde su constitución, puede volver a aprobar el mismo texto que haya presentado y remitirlo de nuevo las Cortes sin necesidad de más trámites”.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza

También este martes se ha dado luz verde al acuerdo transaccional entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 del convenio bilateral económico-financiero 2021-2024.

Las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 han sido objeto de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para determinar qué partidas transferidas al consistorio deberían ser consideradas pagos a cuenta de los 20 millones correspondientes a la ejecución del citado convenio bilateral.

En el Consejo Bilateral de la Capitalidad entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, celebrado el pasado 19 de diciembre de 2023, se adoptó un acuerdo transaccional para la resolución extrajudicial de los conflictos sobre la liquidación de los ejercicios 2021 y 2022. El Ejecutivo autonómico aprobó una cuantía total de 9.799.093,84 euros en total.

“Con esta decisión, optamos por el acuerdo y el consenso, en lugar de por el conflicto y la confrontación, que es lo que ha caracterizado las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años”, ha señalado la vicepresidenta segunda y portavoz.

Resto de acuerdos

Entre el resto de acuerdos del Consejo, destaca la creación de la Cátedra de Impulso de Proyectos e Inversiones Estratégicas en Aragón a través de un convenio entre el Gobierno autonómico y la Universidad de Zaragoza. Se extenderá hasta 2027 y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, a razón de 300.000 euros anuales.

También entre ambas instituciones se ha autorizado un convenio para la realización de actuaciones de educación y formación para un consumo responsable. Un programa anual que tiene un presupuesto de 30.000 euros y que permitirá realizar actuaciones para generar y difundir conocimiento.

En materia legal, se ha aprobado el proyecto de ley de modificación del Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Una vez ratificado por las Cortes de Aragón, nuestra comunidad se convertirá en la primera con competencias en materia de Derecho Foral que lleva a cabo la adaptación de su normativa a la Convención de Nueva York.

Por otra parte, seis asociaciones de donantes de sangre y Dona Médula son beneficiarios de sendos convenios de colaboración con el Banco de Sangre por un importe total de 287.600 euros. Supone un incremento del 8% con respecto al ejercicio anterior.

Y, finalmente, se ha autorizado un convenio con la empresa aragonesa Podoactiva para impulsar la colaboración entre el Departamento de Presidencia y la citada compañía para realizar una serie de actuaciones que repercutan en el rendimiento y la salud de los deportistas integrantes de las Aulas de Tecnificación Deportivas.