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Miércoles, 28 de febrero de 2024

Investigación y Ciencia

Autorización a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón para ampliar el recurso ante el Supremo por la Agencia Espacial Española

El Consejo de Gobierno da luz verde a las acciones judiciales tras el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designó la sede

El Consejo de Gobierno ha autorizado a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón a ejercer acciones judiciales contra el acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre por el que se eligió sede de la futura Agencia Espacial Española. El Ejecutivo autonómico ampliará el recurso que ya presentó por los criterios para este proceso.

En el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, se explica que la determinación de la sede física de la Agencia Espacial incurre en los mismos vicios de nulidad que manifestaba el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento en el requerimiento previo al acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de septiembre, que dio inicio al procedimiento, y en el informe de la Comisión Consultiva que se creó posteriormente. Entre ellos están infracciones en los principios de vertebración y equilibrio territorial, de adecuación al sector de actividad y de objetividad y transparencia que deben regir con los procesos de concurrencia competitiva.

A esto se añade que el acuerdo del 5 de diciembre no otorga una puntuación concreta a los mencionados criterios, sino que la sustituye por valoraciones genéricas que no superan las exigencias de objetividad imprescindibles en un procedimiento reglado.

El ejercicio de acciones judiciales se articulará solicitando al Tribunal Supremo la ampliación del objeto del recurso ya interpuesto al nuevo acto administrativo del 5 de diciembre. Hay que recordar que el Ejecutivo autonómico adoptó el 30 de noviembre un acuerdo por el que autorizaba a los Servicios Jurídicos a ejercer acciones por los criterios fijados por el Gobierno central para designar la sede de la Agencia Espacial. Ese mismo día se interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo que ya ha sido admitido a trámite.