Derechos Sociales
Aragón mejorará los servicios y prestaciones de dependencia a través de un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
La Comunidad Autónoma incrementa en más de 10 millones la aportación del ejercicio anterior con la prioridad de agilizar las listas de espera
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Aragón por el que, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Administración General del Estado aportará más de 30 millones de euros (30.551.925,58€) en el ejercicio de 2023 en materia de dependencia. Mediante el acuerdo se van a financiar los gastos de funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en especial aquellos relacionados con el plan de choque en dependencia acordado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales a nivel estatal. La prioridad del convenio es, en último término, disminuir las listas de espera en dependencia: para ello se invertirán 2,5 millones de euros para promover la agilidad administrativa en los procesos de solicitud, información y atención a los ciudadanos para reducir los plazos para valorar el grado de dependencia y elaborar el Programa Individual de Atención (PIA).
Además de agilizar los procesos y trámites de valoración de la situación de dependencia, el convenio incluye partidas para mejorar la teleasistencia avanzada, cubrir los gastos de acreditación de centros y servicios de acuerdo al modelo de Atención Integral Centrada en la Persona y también para financiar a las entidades locales, de modo que puedan mejorar los servicios que prestan en atención a la dependencia.
Por otro lado, la inversión para mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales del personal del SAAD engloba 1,5 millones de euros y se destinarán 2 millones a implementar nuevas prestaciones y servicios que mejores en intensidad para atender a más personas.
El convenio se inscribe dentro del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección.