El Gobierno de Aragón reclama la convocatoria de la Comisión Sectorial de Igualdad y más financiación para luchar contra la violencia de género

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, ha reclamado hoy la reunión de la Comisión Sectorial de Igualdad, formada por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas y ha exigido una mayor financiación estatal para luchar contra la violencia de género ya que, en estos momentos, el Gobierno de Aragón aporta el 76.24% del presupuesto frente al 23,75% que llega de Madrid.   Salvo ha hecho estas declaraciones tras la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se ha celebrado en el Senado.   Natalia Salvo ha insistido en que la Comisión Sectorial de Igualdad “lleva más de un año sin reunirse” y, entre otros temas, debe debatir la lucha contra la violencia de género.   Estos dos temas, ha explicado la directora del IAM, han centrado la reunión de hoy y las reivindicaciones de las diferentes Comunidades Autónomas. Además, en la reunión de hoy, se ha puesto en valor la elaboración en Aragón de un protocolo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, una iniciativa pionera en el país.   La representante del Gobierno de Aragón ha apostado por un Plan Nacional de Prevención contra la Violencia de género, por la reposición de los efectivos policiales para víctimas de violencia de género que fueron recortados y por permitir que las Administraciones locales tengan competencias en materia de igualdad y de violencia contra las mujeres, así como dotarlas de un fondo económico específico.   Otra de las reivindicaciones que defiende el IAM es que se ponga en marcha una ley estatal contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que se articule al respecto una red de recursos específicos.   Asimismo, ha pedido una línea de financiación para la atención integral a las víctimas de violencias sexuales y una mejora de la atención a los huérfanos de las víctimas de violencia de género, así como la retirada del régimen de visitas a los maltratadores con sentencias firmes.