El Gobierno de Aragón presenta su Estrategia de Residencias de Mayores para proteger a uno de los sectores más golpeados por la pandemi

El Gobierno de Aragón ha presentado esta mañana una Estrategia para las residencias de mayores de la Comunidad Autónoma que persigue proteger y dar soporte a unos centros especialmente castigados por la pandemia de la Covid-19. Se trata de un plan que comprende medidas a corto, medio y largo plazo, que pasan por apoyo económico, refuerzo de los protocolos de seguridad y alivio del confinamiento.

El presidente Javier Lambán y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, han presentado dicha estrategia a las entidades que de forma mayoritaria representan al sector, al que también han anunciado una línea de subvenciones de millón y medio de euros para afrontar gastos extraordinarios sobrevenidos por la pandemia de coronavirus. Entre otros, figuran la contratación de personal para reforzar las plantillas, la compra de material de protección y la compensación por los ingresos perdidos al no poder recibir a nuevos residentes durante el estado de alarma.

“Aragón ha estado a la altura de las circunstancias y el sistema ha funcionado de forma razonablemente aceptable, teniendo en cuenta que la tasa de envejeccimiento y de personas institucionalizadas en Aragón es superior a la media nacional y pese a ello, la tasa de fallecidos es inferior a la media, un 3,8 frente a un 5% en el resto del país", ha contextualizado Lambán. Pero, a renglón seguido, ha insistido en la necesidad de mejorar el sistema, ayudando a los centros y afrontando un cambio de modelo en los próximos meses y años que pasa por mejorar las prestaciones y formar al personal de residencias”, ha explicado, al tiempo que ha contado que un encarecimiento de la prestación de servicios tendrá que venir acompañado de mayores ayudas de la administración que ahora el ejecutivo aragonés no tiene capacidad suficiente para acometer en solitario pero sí puede contribuir a ayudar con la orden que entrará en vigor el lunes.

Por su parte, la consejera de Ciudadanía ha incidido en “el especial esfuerzo que han realizado las residencias, que han estado en primera línea, y cuyos trabajadores han sido auténticos héroes y heroínas, una dedicación que no nos cansaremos de reconocer”. Igualmente, ha incididido en que "nos ha preocupado la protección de las más de 300 residencias de Aragón, que son una parte importante de la economía aragonesa. Hemos tratado de ayudarlas y de protegerlas".

El presidente y la consejera han traslado estas palabras a los representantes de las entidades que agrupan a la mayor parte del sector en Aragón: Acasa, Lares, Arade, Rey Ardid, Federico Ozanam y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), con quienes se han reunido y han trabajado "muy estrechamente estos meses", ha indicado Broto.

Flexibilizar los criterios para nuevos ingresos

Dentro de las medidas económicas, y para aliviar la situación de algunos centros, se plantea flexibilizar una de las medidas impuesta para acoger a nuevos residentes, que actualmente exige al centro contar con un 10% de plazas libres. Con la estrategia presentada, se elimina este porcentaje y se permitirán los nuevos ingresos si el centro cuenta con un adecuado plan de aislamiento y contingencia y lleva dos periodos de incubación (28 días sin casos nuevos). “Además –ha apuntado la consejera- los centros Covid van a seguir abiertos como puntos asistenciales en principio, y con apoyo sanitario, si es necesario; por lo tanto, serán el soporte de las residencias para realizar derivaciones y traslados cuando sea necesario”.

El plan de contingencia se va a exigir a todos los centros, que además deberán activar a través de sus servicios de prevención de Riesgos Laborales planes de formación para su personal, con el apoyo del Gobierno de Aragón. También se exigirá al sector que todos los centros cuenten con una reserva estratégica de material.

Protocolo de alerta a Salud Pública

Dentro de los planes de contingencia y de la nueva organización de las residencias, figura un protocolo de alerta inmediata a Salud Pública en caso de que sospeche de la posibilidad de que un residente tenga síntomas de coronavirus. “Eso permitirá trabajar de forma inmediata –ha dicho la consejera- para aislar, sectorizar y derivar”. Del mismo modo, se va a potenciar el apoyo médico de los centros de salud a las residencias.

El presidente de Aragón y la consejera de Ciudadanía han anunciado también algunas medidas de alivio para los residentes y sus familias, que entrarán en vigor el próximo lunes 25 de mayo, en cuanto se publique la orden que lo autoriza. La más destacada es que desde ese mismo día –previa petición de hora y con estrictas medidas de seguridad- se van a permitir visitas de familiares en aquellos casos donde no haya habido casos de Covid-19 o el centro cumpla 28 días sin positivos (serán durante un máximo de una hora, en el espacio predeterminado por el centro –preferiblemente exterior-, usando mascarillas y de un solo familiar en cada ocasión).

También desde el lunes se autorizará en estos centros la entrada del servicio de peluquería, fisioterapeuta o rehabilitación, después de que se aprobara ya el de podología, y se autorizarán los paseos de los residentes fuera de los recintos de los centros, dentro de la hora y el kilómetro de distancia estipulado.

Entre las medidas a largo plazo, que ahora hay que analizar con el sector, figura reflexionar sobre el papel de las residencias, que pueden ser –ha dicho la consejera- puntos neurálgicos de atención a las personas mayores, sean residentes o no, porque pueden también especializarse en la prestación de determinados servicios, sobre todo en el medio rural. También está sobre la mesa la remuneración y condiciones de trabajo de los profesionales sociosanitarios, un análisis sujeto a la mejora de la financiación por parte del Estado de la Ley de Dependencia, tal como ha indicado la propia titular del departamento de Ciudadanía, quien ha apuntado que es necesario exigir el 50% de la financiación que debe ingresar el Estado a las comunidades autónomas.