El Gobierno de Aragón y CERMI avanzan en el desarrollo integral de la ley de Derechos y Garantías de las personas con discapacidad

El Gobierno de Aragón apuesta por que la igualdad de oportunidades, trato y ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad sea una acción transversal del ejecutivo autonómico y por ello, la Ley de Derechos y Garantías de les ampara se desarrollará a través de diferentes mesas de trabajo que incluyen áreas como Empleo, Accesibilidad, Servicios Sociales, Mujer, Educación y Formación, Contratación Pública; Función Pública y Turismo.

Esta es la base del protocolo que esta mañana han rubricado el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de CERMI Aragón, Luis Gonzaga. “En vísperas del Día de la Discapacidad, queremos dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley de Servicios Sociales de Aragón, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de 21 de marzo de 2019, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. Todos estos textos incluyen la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”, ha asegurado Javier Lambán.

El presidente, que ha recordado que su gobierno situó en el frontispicio de su acción política su objetivo más elevado de buscar marcos de igualdad de oportunidades y de superar todas las desigualdades, incluida la discapacidad, ha mostrado su gran satisfacción por el hito que supuso la aprobación de la Ley de la discapacidad de 2019, aprobada además por unanimidad del parlamento aragonés.

El acuerdo llega en un año muy difícil para este colectivo, marcado por la Covid, que les ha golpeado con especial fuerza y les ha privado de servicios fundamentales por la obligatoriedad del confinamiento. En este sentido, el presidente ha querido también destacar el esfuerzo que ha realizado el tercer sector en estas circunstancias, dejando claro el compromiso de su ejecutivo para tratar de paliar los efectos de la pandemia, que se tradujo en un apoyo de 1,5 millones de euros para cubrir los gastos extra de personal, un esfuerzo presupuestario que el Gobierno de Aragón va a continuar en 2021, ha asegurado Lambán y que se reflejará en el precio de la plaza concertada en discapacidad para este 2021, que crecerá un 2,5%, cantidad que ya aumentó un 7,5% en 2020, por lo que finalmente el próximo año habrá crecido un 10%.

Tal como ha recordado el presidente Lambán, el departamento de la consejera Mariví Broto es uno de los buques insignias del Gobierno de Aragón, que ha ido aumentando progresivamente el presupuesto destinado a la discapacidad desde 2015, además de incrementar las plazas hasta las 2.762 en 2020. Con ello, se atienden 105 residencias, centros ocupacionales y centros de día para discapacidad. Los presupuestos de 2021 de Ciudadanía y Derechos Sociales prevén un presupuesto de 81 millones para discapacidad entre conciertos de plaza, apoyo a las entidades y a sus centros; frente a los 77 presupuestados en 2020 o los 57 que previeron en 2015. Este presupuesto ha aumentado progresivamente en los sucesivos ejercicios.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha destacado, entre los objetivos concretos plasmados en el acuerdo que se ha firmado hoy, la voluntad de garantizar la reserva del 8% de plazas en las convocatorias de empleo público, trabajar en la promoción de la autonomía personal a través del asistente personal; aprobar la norma que regule la accesibilidad universal para que se ejecuten conforme a la misma los proyectos de espacios urbanísticos, arquitectónicos y las infraestructuras y servicios de transporte de uso público, ya sean de titularidad pública o privada, o, equiparar en el catálogo orto protésico de Aragón la posibilidad, como ocurre en otras comunidades autónomas, de que el usuario pueda elegir el producto orto protésico que más se adapte a sus necesidades. Estas son algunas de las 16 líneas de actuación que recoge el documento, que tiene una vigencia de dos años y es prorrogable. El acuerdo prevé que las mesas constituidas en los diversos ámbitos de actuación se reúnan, como mínimo, una vez al trimestre.

La consejera ha mostrado su empatía con este colectivo que ha sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia y ha ratificado la voluntad del ejecutivo de seguir desarrollando el marco normativo de un modo transversal, por lo que ha agradecido la participación de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, a la hora de poner en marcha la Comisión Interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad, aprobada por el Consejo de Gobierno el 14 de octubre de 2020, con la implicación de todos los departamentos para avanzar en sanidad, contratación, empleo, mujer, etc.

Por su parte, el presidente de CERMI, Luis Gonzaga, ha agradecido la voluntad de seguir profundizando en una ley importante, así como de reeditar convenios que en la legislatura anterior dio unos resultados “extraordinarios”.

*Vídeo de las intervenciones íntegras en el siguiente enlace: https://youtu.be/XZuLiO4QyNs