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Convenio por valor de 80.000 euros anuales para la asistencia jurídica a personas inmigrantes
El acuerdo fija los espacios de atención y los servicios que deben procurarse en materia de Extranjería, Migración y Protección Internacional
El Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados han suscrito un acuerdo por valor de 80.000 euros anuales para garantizar el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a personas inmigrantes que lo requieran. Este convenio de colaboración, que tiene una duración de cuatro años con la cuantía señalada para cada ejercicio, ha sido suscrito esta mañana en el marco del Consejo de Gobierno.
El objetivo de este acuerdo es que los colegios de abogados de la Comunidad atiendan las consultas jurídicas que se planteen en el ámbito de la Extranjería, la Migración y la Protección Internacional y tramiten también los expedientes que se deriven de estas consultas. Entre estas gestiones, figuran, por ejemplo, rellenar solicitudes, recursos, presentación en plazo de documentación, acompañamiento, visados, autorizaciones de regreso o retorno voluntario o protección internacional entre otros muchos procedimientos.
Para realizar de forma correcta esta atención, se cuenta con espacios habilitados en las tres provincias, así como con una dotación de personal adecuada.
Los colegios de abogados de Aragón, mediante este acuerdo, se comprometen a prestar de forma correcta el servicio en toda la Comunidad, a preparar la formación de los letrados y a dar solución a los problemas de los usuarios, entre otras funciones que recoge el convenio.
Cabe recordar que al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales le corresponde la propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Aragón sobre la acción social que comprende, entre otros, la integración de las personas inmigrantes y que, por ello, dentro de la regulación realizada en 2017 sobre el asesoramiento y la orientación jurídica gratuita, se incluye el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica Gratuita a Inmigrantes. Un servicio que corresponde a los colegios de abogados de Aragón, pero que financia la Comunidad Autónoma. El acuerdo recoge, asimismo, que, en el caso de que haya menores que requieran esta atención, el IASS comunicará esta necesidad al servicio pertinente.