Aragón celebra que la nueva ley de Universidades ayudará a combatir la precariedad en los campus y supondrá un avance en derechos y libertades

El Gobierno de Aragón ha celebrado hoy el avance que supondrá la nueva ley de Universidades para combatir la precariedad en los campus y en materia de derechos y libertades. La directora general de Universidades, Yolanda Sancho, ha participado esta mañana en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que el Ministerio ha presentado a las Comunidades el anteproyecto de ley de Ordenación del Sistema Universitario.

Sancho ha valorado, en primer lugar, el proceso de escucha llevado a cabo por el Ministerio y la búsqueda de consenso entre los diferentes actores de la comunidad universitaria y ha agradecido el esfuerzo llevado a cabo para sacar adelante una norma que “hace frente a los retos a los que se enfrenta la Universidad y da instrumentos a la institución académica para adaptarse a los cambios sociales”.

Entre las novedades, la directora general ha destacado las importantes mejoras que recoge el texto para luchar contra la precariedad que aún lastra a la universidad, fruto de crisis anteriores. La norma limita, en este sentido, al 20% el Personal Docente e Investigador con contratos temporales y el número de horas que pueden impartir los profesores asociados, pasando de las 180 actuales a 120. Con esta medida, se persigue evitar la perversión de la auténtica naturaleza de esta figura, la de profesionales de otros ámbitos que comparten su experiencia y conocimientos profesionales con la docencia universitaria.

Otra importante medida, para el Gobierno de Aragón, es el establecimiento de una carrera académica estable. Una vez esté aprobada la ley, tras los cuatro años de la tesis y una figura postdoctoral de 6 años, el personal que haya acreditado sus méritos para las figuras permanentes que ofrecen las agencias de evaluación como la ANECA o autonómicas como la ACPUA, podrá acceder a un contrato permanente. De esta forma, se logrará asimismo rejuvenecer las plantillas.

Aragón también ha puesto en valor el avance que supone la normativa en microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, para la formación a lo largo de la vida y para lograr una universidad más flexible que ayude al reciclaje profesional y permita actualizar carreras. De esta forma, la universidad se adaptará a los cambios sociales y se abrirá a todas las edades.

La ley es además vanguardista, en opinión de la directora general, en materia de derechos y libertades, al reconocer por primera vez las huelgas estudiantiles o la implantación de unidades de igualdad y diversidad “para una universidad más respetuosa y feminista”.

No obstante, desde el Ejecutivo autonómico se ha trasladado a los representantes del Ministerio que se podría haber avanzado más en el tema de la gobernanza de las universidades públicas, ya que la participación del estudiantado se ha fijado en un 25%, cuando son los principales afectados por cualquier decisión de estas instituciones académicas. En este sentido, se ha perdido la oportunidad de haber incluido referéndums vinculantes y haber aumentado la representación estudiantil en la toma de decisiones, lo que ayudaría a cambiar las dinámicas internas de poder y repercutiría en una universidad mejor.

Respecto a la financiación, Aragón ha vuelto a reclamar –como ya hiciera en la reunión bilateral con el ministro Joan Subirats y tras aprobar desde el Ejecutivo autonómico un acuerdo histórico con la Universidad de Zaragoza - una senda de mejora y un mayor compromiso económico del Estado con la educación superior para ayudar a alcanzar las metas que fija el anteproyecto: que las universidades dediquen un 5% de su presupuesto a investigación y que la inversión en universidad alcance el 1% del Producto Interior Bruto. 

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