Aragón vuelve a pedir claridad y coordinación para poner en marcha el nuevo sistema de ayuda alimentaria

El Gobierno de Aragón ha reiterado este miércoles sus críticas al proceso de implantación del Programa de Asistencia Material Básico (BÁSICO) y vuelve a instar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que dé respuesta a las numerosas cuestiones técnicas que están pendientes de resolver para que el nuevo modelo de tarjetas monedero para familias en riesgo de exclusión pueda ponerse en marcha a lo largo de este mes de mayo.

Ante las declaraciones publicadas en varios medios de comunicación atribuidas a fuentes de Delegación del Gobierno en las que se hacía responsables a las CCAA de los sucesivos retrasos en la puesta en marcha del sistema, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, asegura una vez más que “Aragón tiene todo listo para lanzar el programa” pero sigue esperando indicaciones para “resolver dudas técnicas” y además pone en duda el alcance de las medidas de acompañamiento tal y como las ha planteado el Gobierno de España: “Los bancos de alimentos y comedores sociales no van a recibir recursos que hasta ahora sí obtenían y los fondos previstos desde Madrid resultan a todas luces insuficientes”, ha detallado.

Así, la principal preocupación del Ejecutivo regional es cómo se va a atender a las 30.000 personas que quedan excluidas del sistema por no tener menores cargo y cómo se va a llegar a los municipios aragoneses en los que no tienen presencia los supermercados habilitados para proveer de productos alimentarios y de higiene a través de las tarjetas, dos cuestiones a las que se refirió la consejera Carmen Susín en su comparecencia en las Cortes este mismo martes.

Dudas razonables

Desde la Dirección General de Inclusión Social y Voluntariado, que está gestionando el proceso dentro del Departamento, destacan la falta de concreción en cuestiones como la compatibilidad del acceso al sistema de tarjetas con el cobro de rentas de inserción y del IMV y sobre cómo se va a atender a posibles solicitantes de origen migrante que estén en una situación irregular y no puedan acreditar su condición de vulnerabilidad con ninguna documentación, por ejemplo.

Otra duda se refiere a la edad máxima para que se considere menor a un miembro de la unidad familiar –no está claro si es por debajo de 14, 16 o 18 años– puesto que a día de hoy en la documentación remitida a las CCAA la única referencia a este asunto figura en una tabla para calcular los umbrales de renta y no consta ninguna otra instrucción concreta por escrito.

Respecto a la protección de los datos personales contenidos en las fichas de derivación, el acuerdo está ahora mismo en Aragón bajo revisión jurídica; otras CCAA no lo han firmado y en todo caso, indican, el Ministerio de Derechos Sociales ni se ha pronunciado ni ofrece un criterio de referencia.

Aragón volverá a exponer sus reservas y dudas respecto a estos asuntos el próximo 17 de mayo en la reunión del grupo de cooperación técnica; la última tuvo lugar el pasado 19 de abril. Además Susín ha confirmado que la Comunidad ha sido convocada el 31 de mayo a otra reunión, en este caso de la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con un orden del día que incluye un punto dedicado a “información sobre la puesta en marcha en 2024 del Programa de Asistencia Material Básica BÁSICO del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)” (sic).

“Si el proceso ha sido tan claro y transparente como aseguran a coro la Delegación y el Ministerio, ¿por qué han incluido esta cuestión en esa reunión?”, se pregunta la consejera de Bienestar Social y Familia.

En este punto, la Consejera ha mostrado su perplejidad ante la postura de la Delegación: “Que sea la Delegación del Gobierno quien esté ejerciendo labores de oposición, hurtando esa función a los grupos políticos de las Cortes”, ha dicho, “ante lo que a todas luces es un fracaso del Gobierno de España, como lo fue el IMV, es un nuevo ejemplo de cómo Pedro Sánchez crea un problema, se lava las manos e intenta responsabilizar de su incapacidad a las Comunidades Autónomas”. Posteriormente ha lamentado que “el PSOE de Sánchez y el de Lambán sólo sean capaces de ponerse de acuerdo para atacar al Gobierno de Aragón”.

Por último, ha vuelto a plantear la convocatoria de un Consejo Territorial extraordinario para plantear alternativas al sistema de ayuda alimentaria y dar respuesta a colectivos como el de las personas mayores solas, familias sin menores a cargo o de origen migrante con un sistema dual que asegure más recursos a bancos de alimentos y comedores sociales.