Aragón avanza en la incorporación de la agenda de la discapacidad en todas las políticas públicas

Este lunes se ha convocado por primera vez la comisión de seguimiento de las políticas integrales sobre discapacidad en Aragón, coordinada por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en el LAAAB. Se trata de un instrumento para garantizar el diálogo permanente entre el tejido asociativo de la discapacidad y el Gobierno de Aragón que forma parte del acuerdo suscrito el pasado diciembre con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón –CERMI Aragón– para desarrollar la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en la Comunidad.

En esta primera sesión se han puesto sobre la mesa los primeros pasos para que la perspectiva de las personas con discapacidad esté presente en todas las políticas públicas forma transversal y multidisciplinar, en cada uno de sus Departamentos, coordinados desde Bienestar Social y Familia: el primero de ellos ha sido el compromiso para valorar los resultados del I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad de Aragón, que se extingue en 2024, así como la redacción del que será el II Plan. Además se ha abordado la puesta en marcha del servicio de arbitraje en los términos que contempla la Ley desde el año 2019.

La Consejera ha estado acompañada por José Luis Ferrando, jefe de gabinete; Víctor Solano, Secretario General Técnico del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; María Victoria Alquézar, directora general de Igualdad de Oportunidades, y Víctor Gil como secretario de la mesa. Por parte de CERMI han estado presentes Marta Valencia, presidenta; José Luis Catalán, secretario general y los vicepresidentes 1º, 2ª y 3º: Santiago Villanueva, Concepción López Cordero y Jesús Carlos Laiglesia respectivamente.

Además han asistido a la comisión representantes del resto de la estructura de Gobierno: Laura Moreno, Secretaria General Técnica de Presidencia, Interior y Cultura; Noelia Altemir, jefa de servicio de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, dependiente de Hacienda y Administración Pública; por parte de Economía, Empleo e Industria, Javier Camo, director general de Comercio, Feria y Artesanía; de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Pía Canals, directora general de Vivienda; desde Sanidad, Carmen Sánchez Roldán; Raquel Giménez, director general de Educación Ambiental, dentro de Medio Ambiente y Turismo; por Educación, Ciencia y Universidades, Ana María Moracho, directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, y por parte del Instituto Aragonés de Empleo, Recaredo García Gaspar.

En la reunión se han escuchado las primeras valoraciones de las entidades que componen CERMI Aragón acerca de los primeros pasos del acuerdo firmado con el Ejecutivo durante la presente legislatura y que pasa por asuntos como la accesibilidad universal, la sostenibilidad de las entidades sociales y de sus actividades a través de los centros asistenciales y de los Centros Especiales de Empleo (CEE), la implementación de medidas de discriminación positiva por la igualdad de oportunidades, los conciertos de los servicios residenciales de las personas con discapacidad y cómo se está incorporando acciones para la promoción de la autonomía personal y el modelo de atención centrado en la persona.

Esta comisión de seguimiento se debe reunir cada trimestre para articular y vertebrar las respuestas que el Gobierno autonómico puede proporcionar con su acción política para proteger y defender los derechos e intereses de los aragoneses con discapacidad, sus familias y las entidades sociales, representadas por CERMI como interlocutor y referente del colectivo. La próxima reunión tendrá lugar el lunes 29 de abril.