El Gobierno de Aragón amplía su listado de medidas de urgencia para combatir la emergencia sanitaria

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, un decreto ley con el que se adoptan nuevas medidas para luchar contra la pandemia de la COVID-19, unas iniciativas que amplían lo dispuesto por el decreto del 25 de marzo para dar más agilidad a la Administración. En concreto, se incluyen medidas de los ámbitos educativo, trabajadores temporales del sector agrícola, contrataciones, subvenciones, apoyo al tejido empresarial y transporte de viajeros por carretera.   El apartado de la cadena alimentaria hace referencia a la contratación de trabajadores temporales en explotaciones agrarias. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente pone a través del decreto en marcha un servicio de transporte de carácter extraordinario durante el período de vigencia del Estado de Alarma -o del mantenimiento de sus restricciones- exclusivamente destinado a trabajadores contratados para la recolección o aclareo de frutas y hortalizas, que residan en municipios de más de 5.000 habitantes situados a más de 50 kilómetros de distancia de la explotación frutícola donde haya de realizarse el trabajo, y que mantengan durante el período de contratación su residencia en su domicilio habitual.   La intención es incentivar la incorporación a la recolección de los trabajadores aragoneses o residentes en la Comunidad que viven en los núcleos grandes por ser donde mayor población se concentra y al mismo tiempo, evitar que tengan que ser alojados en el entorno de la explotación con el fin de reducir los riesgos sanitarios. Las beneficiarias de este servicio son las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), que deben de remitir a la Administración una declaración responsable, incluyendo a cuántas personas van a emplear y de qué punto a qué punto se van a desplazar.    Hasta el momento, de las 37 OPFH existentes en Aragón con producción de fruta tan solo 9 han presentado compromisos de contratación (746 trabajadores) mediante la correspondiente declaración responsable y tan solo una de estas entidades ha hecho llegar su compromiso de contratación de trabajadores atendiendo al criterio de traslado desde los mayores núcleos de población, alejados de las explotaciones y que, por tanto, justifica la aplicación de medidas públicas de apoyo excepcional al transporte.   En relación con la educación, el decreto ley aprobado dicta de manera excepcional criterios propios en cuanto a procesos educativos para poderlos adaptar a la situación excepcional provocada por la alerta sanitaria. Por un lado, permite que el Gobierno de Aragón pueda aprobar el marco necesario para poder habilitar una nueva manera de evaluar, promocionar y titular para el alumnado de la Comunidad para el presente curso, que será publicado esta misma semana.   Por otro lado, permite un régimen específico para poder afrontar el proceso de escolarización del curso 2020-2021, que tuvo que ser suspendido por el cierre de los centros educativos a toda actividad presencial. El decreto ley aprobado hoy ampara que la escolarización pueda ser realizada en nuevas fechas, que se darán a conocer una vez que se decidan, y que incluya nuevas formas de solicitud y la ampliación de fechas, así como la realización de todos los trámites pertinentes, facilitando los procesos a las familias.   En cuanto a la publicidad de la contratación de emergencia, recoge que los contratos celebrados mediante tramitación de emergencia por cualquier entidad del sector público autonómico deberán comunicarse en el momento de su adjudicación al Departamento competente en materia de contratación, que dispondrá lo necesario para garantizar la publicidad centralizada de los datos esenciales de los contratos adjudicados.   En materia de subvenciones, autoriza a que los órganos que hayan publicado la convocatoria de subvenciones públicas y consideren imposible o improcedente su resolución como consecuencia de los acontecimientos derivados de la pandemia podrán dejar sin efecto las mismas, motivando las razones de interés general o las razones de índole presupuestaria. A la vez, avala que las subvenciones concedidas por concurrencia competitiva puedan ampliar sus plazos de ejecución debido a la vigencia de estado de alarma.   Cuando el procedimiento de reintegro de subvenciones hubiese quedado suspendido, quedará igualmente en suspenso el cómputo del tiempo para el devengo de intereses de demora, mientras se mantenga la suspensión y dentro del periodo de vigencia del estado de alarma. Consecuentemente, durante el tiempo que dure la suspensión no se devengarán intereses de demora.   Por otro lado, el decreto incluye una respuesta uniforme de las entidades integrantes del sector público aragonés en materia de alquiler de inmuebles relacionados con actividades económicas y de otro tipo de contratos patrimoniales como préstamos, opciones de compra, contratos de compraventa u otros de naturaleza similar. En concreto, se ofrece la posibilidad de realizar una moratoria en los pagos posteriores a la declaración del estado de alarma, mediante aplazamientos o fraccionamientos, siempre que se justifique la dificultad para el cumplir con ellos como consecuencias de las medidas administrativas impuestas.    Además, el decreto recoge también la posibilidad de dotar y habilitar líneas de fondos para atender las necesidades de circulante de autónomos y empresas y promover así el reinicio de la actividad productiva y la restauración del tejido empresarial de nuestra Comunidad Autónoma.   Por último, en materia de transporte de viajeros por carretera, un sector esencial durante la emergencia sanitaria y para planificar la desescalada, se declara la urgencia de todos los procedimientos administrativos para favorecer a las empresas operadoras. Con la misma finalidad, se prevé que las empresas podrán recibir un abono a cuenta de las subvenciones que van a convocarse próximamente para compensar el déficit generado el año pasado y, por último, que el consejero de Vertebración de Territorio podrá concederles subvenciones, de forma directa y excepcional, si corre grave riesgo su continuidad empresarial y la prestación del servicio como consecuencia del COVID-19.    Esta medida se suma a la otra iniciativa adoptada, la pasada semana, para compensar a las empresas que prestan el servicio a través de los contratos programa y que servirá, tal y como explicó el consejero José Luis Soro en su comparecencia en las Cortes de Aragón “para la financiación del déficit resultante y poder financiarles el 65,5% de los gastos con el objetivo de mantener el empleo y la viabilidad de las empresas”.