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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley para la reforma del ICA

En los próximos días, el Ejecutivo remitirá el Proyecto de Ley a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria

El nuevo Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) supondrá una reducción en las facturas que se giren por consumos medios y se aplicará en todos los ayuntamientos de Aragón

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley para la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Tal y como se comprometió, antes de que termine el año, el Ejecutivo remitirá la Ley a las Cortes de Aragón para su debate y votación.

El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), el impuesto que sustituirá al ICA, se aplicará en todos los municipios de Aragón, gravará la producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua y supondrá una rebaja en las facturas que se giren por consumos medios.

La reforma incorpora una rebaja del 9,2% en el término fijo del impuesto e incorpora medidas de progresividad en las tarifas domésticas.

Para consumos domésticos medios de 12 m3/mes las nuevas tarifas suponen una bajada del 6% frente al anterior importe. Por el efecto conjunto de la reducción del término fijo y de la escala progresiva, la rebaja se hace mucho mayor -hasta un 23%- para consumos reducidos. La rebaja se mantiene hasta consumos de 16 m3/mes, alcanzando aproximadamente al 95% de los usuarios domésticos. Para consumos superiores, la escala progresiva hace que la cuota tributaria aumente respecto al impuesto anterior.

De la misma manera, se regulará una tarifa social para atender a las personas en situación de vulnerabilidad social y se mantienen las exenciones esenciales tales como los usos agrícolas y ganaderos.

Sin embargo, para usos no domésticos con carga contaminante se produce una ligera subida con el aumento en los términos variables del 5%.

El anteproyecto del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales ha sido elaborado por el Instituto Aragonés del Agua en colaboración con la Dirección General de Tributos y es fruto de un amplio consenso que quedó reflejado en el acuerdo de gobernabilidad que firmaron las fuerzas que componen el Ejecutivo autonómico.

La necesidad de reformar el ICA y dar una nueva solución al tratamiento de las aguas residuales y del saneamiento se había puesto ya de manifiesto en la legislatura pasada, cuando las Cortes de Aragón hicieron suyo el dictamen de la comisión especial de estudio sobre la aplicación del Impuesto de Contaminación de las Aguas.

El IMAR será por lo tanto un tributo propio de Aragón con una clara finalidad ecológica y cuya afectación será al saneamiento y a la depuración, un fin que ya había concitado acuerdos generalizados al entenderse como un compromiso con la reducción de la contaminación de las aguas residuales y como un incentivo de las buenas prácticas.

Su entrada en vigor llevará aparejada la derogación del ICA. Una de las principales características de la nueva regulación será su aplicación en todo el territorio aragonés sin excepción. Esta armonización supondrá que todos los municipios están sujetos a esta figura, si bien se discriminará a los que cuenten con depuración propia de los que encomienden la gestión de la depuración al IAA. Asimismo, se determina que las entidades de población con menos de 20 personas censadas estarán exentas del pago salvo que la estación depuradora se gestione por la Comunidad Autónoma.

El nuevo impuesto impone también un carácter finalista a la recaudación, ya que se destinará a los programas de saneamiento y de depuración de aguas residuales urbanas que se desarrollen en la Comunidad aragonesa. Con la entrada del proyecto de ley en las Cortes se impulsará el debate sobre la figura medioambiental que se rige por los principios contenidos en la normativa estatal y comunitaria, que persiguen el derecho de todas las personas al acceso a un agua de calidad, exigen el cuidado de los ecosistemas y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y de los poderes públicos.